Tal como lo prescribe la ley 13.013, el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, realizó realizó el Informe Anual de Gestión correspondiente al año 2021.
Este informe más allá de los datos estadísticos pretende conformar una información sintética de lo actuado y teniendo presente que transcurrido más de ocho años de la implementación del nuevo proceso penal en nuestra Provincia resulta necesario realizar una evaluación del mismo, su estado, sus dificultades y logros.
No existe duda alguna del éxito del nuevo sistema procesal. Hoy contamos con un proceso moderno, democrático adecuado al contexto que vivimos, con una visión y misión institucional, clara y precisa, con valores, buscando eficiencia y la implementación de una política de persecución penal estratégica a cargo del M.P.A., con oralidad, publicidad y consabida transparencia.
Pese a su indudable éxito en el cambio de paradigma que representa el proceso acusatorio, éste no estuvo exento de críticas, falta de comprensión y adecuación, intentos de contrareforma, falta de apoyo en las decisiones para la asignación de los recursos necesarios, comparación de los resultados obtenidos, control legislativo sobre el desempeño de los órganos fiscales entre otras.
Se ha avanzado muchísimo pero resta aún un largo trecho para consolidar el sistema.
No existe controversia respecto a que se ha cumplido con los fines políticos ideológicos que toda ley sustenta. La adecuación a la Constitución Nacional, a los Tratados Internacionales, la participación de la víctima y los principios que avalan y sustentan el sistema acusatorio.
El transcurso del tiempo y la operatividad del sistema, me lleva a concluir que la legislación que impuso el novel Proceso Penal Acusatorio, modificaron la forma de enjuiciar, de llevar adelante un proceso, pero el sistema penal se compone e integra por muchos más actores y organizaciones, algunos de los cuales, ya sea por sus estructuras, hábitos o protocolos continuaron actuando como lo venían haciendo antes de la reforma, lo cual dificultó o atrasó su adecuación al nuevo esquema. Ello constituye para mi visión los principales obstáculos externos que dificultaron la labor del M.P.A.
También debemos reconocer que existen dificultades de Gestión para dentro y hacia afuera del M.P.A. Se trata de una organización nueva, enmarcada dentro de una nueva forma de gestionar el sistema penal. Es razonable que frente a este contexto, surjan dificultades de “gestión” interna así como externas y que ello dificulte su accionar también la toma de decisiones políticas institucionales que aunque surjan de otros poderes del Estado tienen decisiva influencia sobre el accionar del M.P.A.
Los órganos directivos del M.P.A. deben llevar a cabo una profusa tarea de Política Institucional para hacer comprender a los demás organismos y poderes del estado, su problemática, las soluciones propuestas, su funcionamiento, sus fortalezas y debilidades. Durante años experimentamos vivencias dentro del sistema inquisitivo 2 generando hábitos así como formas de pensar y actuar, arraigados y difíciles de cambiar. Pero, es necesario reconocer que no se puede actuar en el nuevo paradigma del proceso acusatorio con la mentalidad del proceso anterior.
Esta circunstancia aún no superada totalmente, genera y generó tremendas dificultades a la hora de la comprensión del nuevo sistema y la toma de decisiones políticas institucionales que permitan su mayor consolidación.
Este contexto representa a mi modo de ver el mayor desafío que debemos enfrentar y superar. Asimismo subsisten problemas técnicos jurídicos, los que surgen a medida que opera el sistema, donde se evidencian inconvenientes entre los distintos actores que debieran analizarse y fijar pautas claras para una mejora de todo el sistema penal.
MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
La ley 13.013 estructuró al Ministerio Público de la Acusación M.P.A. Se trata de un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, cuya misión es ejercer la persecución penal pública procurando la resolución pacífica de los conflictos penales.
Al ser creado por ley frente a la imposibilidad de reformar la Constitución provincial el MPA debió legislarse dentro de la estructura del Poder Judicial, situación que no es la ideal, y que trae algunos problemas de operatividad, tornando deseable que en una futura reforma constitucional se lo consagre de forma similar al tratamiento que la C. N. otorga al Ministerio Público Fiscal de la Nación, consagrando su absoluta autonomía.
Por ello debemos establecer un diálogo permanente con la Suprema Corte de Justicia para analizar y resolver algunas cuestiones que hacen al funcionamiento del M.P.A. cuyas decisiones aún dependen del Superior Tribunal. De igual forma con el Poder Ejecutivo y con la Legislatura Provincial.
a) Recursos Humanos
La Cuarta Circunscripción judicial, tiene solamente el cincuenta (50) por ciento de la plantilla de fiscales que le corresponde, asimismo cuenta con un escaso número de empleados administrativos, todo lo cual surge del relevamiento de dichos recursos, dispuestos por las vacantes existentes, las leyes en vigencia y la comparación con otras
Regionales como las de Rafaela (Región 5) o Venado Tuerto (Región 3) que, tanto en territorio como población, son similares.
La carga de trabajo asciende a unos 14.000 legajos anuales, distribuidos de la siguiente forma:
a) El 56% de los legajos son de incumbencia territorial de la Unidad Fiscal Reconquista; b) El 24% de los mismos son de incumbencia territorial de la Unid Fiscal Vera; y c) el 20% restante pertenecen a la Unidad Fiscal Las Toscas, aunque últimamente se ha acrecentado tal porcentaje casi igualando la carga de la Fiscalía de Vera.
Cotejando la carga de trabajo, la población objetivo de la labor del M.P.A. con la dotación de fiscales y personal administrativo, a todas luces resulta insuficiente para brindar un servicio eficiente y oportuno, teniendo presente que internacionalmente se estima un fiscal por cada 17.000 habitantes y el mismo debería contar con tres empleados administrativos que lo 3 asistan en sus funciones.
VÍCTIMA. SU NUEVO ROL EN EL PROCESO
En cumplimiento de las mandas Convencionales y Constitucionales, Leyes Nacionales y Provinciales, el proceso acusatorio incorpora a la víctima, reconociendo su carácter de titular del conflicto penal, constituyendo una parte esencial del procedimiento a quien debemos contener, proteger, asistir, informar de lo actuado y de sus derechos, consultar y lograr su consentimiento para determinadas salidas penales que propone este sistema multipuertas, todo ello haciendo posible su acceso a la justicia posibilitando una tutela judicial efectiva, especialmente en casos de vulnerabilidad.
Se ha avanzado significativamente en tal sentido, legislativa mente se tratan diversos proyectos y se trabaja desde el Observatorio de Víctimas. Estos logros necesitan ser acompañados de decisiones políticas que implementen soluciones para contener, proteger y brindar contención a las mismas, especialmente a las más vulnerables a través de un Organismo de Estado que cumpla esa función.
El M.P.A., como órgano acusador puede brindar en un primer momento la contención y protección necesaria, pero es necesario su acompañamiento durante todo el proceso. En el caso de víctimas de Violencia de Género se trabaja y coordina con las distintos Municipios, Comunas y los equipos de apoyo del Ministerio de Género creado a nivel Provincial.
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE DESEMPEÑO DE LOS ÓRGANOS FISCALES
La ley 13.013, impone y faculta a los Fiscales Regionales ha supervisar el desempeño de los órganos fiscales. Una organización nueva, con órganos fiscales devenidos desde el sistema conclusional anterior, los provenientes del libre ejercicio de la profesión-, a pesar de los protocolos, de la unidad de actuación y de las continuas recomendaciones y circulares con instrucciones tanto generales como particulares emanadas de los órganos directivos, evidencia problemas de Gestión especialmente en el desarrollo de la tarea en sus despachos y las instrucciones hacia sus asistentes.
La capacitación continúa es necesaria y el mantenimiento de un diálogo permanente, pero a mi criterio es importante la Motivación - desde la Fiscalía Regional hacia los órganos fiscales - es necesario mantenerlos motivados, hacer crecer su autoestima, crear un
clima de trabajo apropiado, colaborativo y tendiente a la formación de equipos de trabajo.
Se ha pretendido desconocer que los fiscales tienen varios controles de su
accionar y no necesitan la intervención de otros Poderes.
El primero de esos controles es la actividad adversarial, es decir el realizado
por los abogados defensores de los imputados e incluso de los querellantes particulares, quienes
en cumplimiento de sus facultades legales pueden monitorear el trabajo del fiscal.
Le sigue el control jurisdiccional del Juez de la Investigación Penal
Preparatoria, o bien el Juez de la Etapa Intermedia o de Juicio, los que controlan
predominantemente el respeto a las garantías y derechos constitucionales de los imputados como
asimismo las demás obligaciones que cargan sobre el fiscal a partir del respeto por el principio de
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“objetividad” que debe regir toda la actividad fiscal.
Asimismo existe un Control jerárquico realizado por el Fiscal Regional y el
Fiscal General y las Comisiones Regionales Evaluadoras, que tienen las facultades legales para
hacer la supervisión de su accionar, tiene incluso facultades de sancionar las faltas leves y
controlar las planillas de desempeño (P.A.D.E.S.) que cada fiscal debe completar prácticamente
en forma diaria.
A todo ello se agrega, la participación de la víctima y de la Auditoría de
Gestión que incluso hasta de oficio puede controlar el accionar fiscal, tanto previa como en la faz
sancionatoria.
A su vez el M.P.A. como organización, tiene que tener capacidad de
autocrítica, y debe tener la capacidad de “autodepurarse” cuando algunos de sus integrantes elige
el camino equivocado.
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Conforme la normativa convencional, constitucional y legal, normas del
CEDAW- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
del año 1979, ratificada por la ley Nro. 23.179 del año 1985, La Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia por la mujer de 1994 ratificada por la ley 24.685 y las
llamadas 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condiciones de
Vulnerabilidad de 1908, la ley provincial 13.348 julio del año 2013, los Principios Yogyakarta y
toda la legislación complementaria, han impuesto a los operadores judiciales el deber de “actuar
con perspectiva de género en su labor cotidiana, aplicando el standar de la debida
diligencia reforzada”.
Posteriormente la llamada Ley Micaela Nro. 27.499 del año 2018, impone la
obligatoriedad de capacitación de los funcionarios y empleados que integran los tres poderes del
Estado en perspectiva de Género, de manera que puedan percibir en sus funciones las vetas de
vulnerabilidad que manifiesta la persona que acuden en la búsqueda de sus servicios: Una mujer,
NNyA, Adultos Mayores y colectivo LGTBI+.
Se trata en consecuencia de poner en crisis el sistema patriarcal vigente desde
mucho tiempo atrás, el que definió pautas culturales sociales basadas en el poder estructural que
ejerce el hombre sobre la mujer, eliminando los estereotipos de género que supone
comportamientos y actividades delimitadas a un género en particular, anulando la participación o
intervención del género más débil.
Es imprescindible una debida capacitación y preparación para detectar la
razón de género detrás del motivo del crimen y articular una persecución penal exitosa, hay que
sacar de la oscuridad estos delitos para hacerlos visibles.
La violencia de género es una problemática que se ha convertido en prioridad
para el M.P.A. Una denuncia es, en muchos casos, una luz roja que da noticia de la potencial
sucesión, cada vez más intensa y grave, de episodios de violencias que no han sido denunciados
previamente por el estado de sumisión y vulnerabilidad en el que se encuentra la víctima. Esto
debe ser considerado un alerta considerable que evite la consecuencia más temida, el femicidio.
En nuestra Circunscripción Judicial los delitos cometidos en un contexto de
violencia de género, tienen una importancia cuantitativa y que va en aumento, lo que motivo que
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en abril del año 2019 la Fiscalía Regional resolviera la creación de una Unidad Fiscal
Especializada de Violencia de Genero, Sexual y Doméstica, en consonancia con la Fiscalía
General, que considera esta cuestión como prioritaria en el marco de las políticas de persecución
Criminal.
RELACIONES CON LA POLICÍA
Sabemos que la Policía encargada de hacer cumplir la ley, mal llamada fuerza
de seguridad, descartando la idea de que para que exista seguridad se debe utilizar la fuerza,
cumple dos funciones: a) La seguridad pública; b) La función Judicial.
El nuevo esquema procesal necesita de una policía en función judicial
profesionalizada, democrática y especializada en las distintas materias. Son colaboradores
inmediatos de los fiscales- directores de la Investigación – incluso muchas veces pueden actuar
por delegación de estos, y en verdad lo hacen, constituyéndose en parte esencial de la
investigación.
Si se realiza una comparación del estado actual con la existente al 10 de
febrero de 2014, cuando comenzó el nuevo sistema, a pesar de todas las dificultades, se ha
avanzado en forma exponencial. Pero, para alcanzar un funcionamiento como lo requiera el
sistema aún falta mucho.
A pesar de los años transcurridos del nuevo sistema, a pesar de las múltiples
capacitaciones que se brindan, el M.P.A. en su conjunto no está satisfecho con la intervención de
la Policía, opinión que comparto. Mas allá de los problemas que han surgido desde el año 2020
en el Ministerio de Seguridad, que creó mas dudas que certezas, a los uniformados le cuesta
entender que la labor investigativa comienza con la propia denuncia y que esos primeros actos
pueden ser decisivos a la hora de que el fiscal deba llevar el caso a juicio.
Les cuesta coordinar funciones entre ellos, no existe hábito de trabajo en
conjunto, como si las distintas reparticiones, como Policía Vial, Guardia Rural Los Pumas,
Comisaria de la Mujer, Agencia de Trata, Agencia de Investigación Criminal, Brigada de
Femicidio, delitos complejos, delitos cibernéticos, estafas virtuales, narcocriminalidad, fueran
compartimientos estancos.
Debemos insistir capacitando, optimizando los recursos siempre escasos,
trabajando en equipo, con un claro norte y objetivos concretos. Es evidente que con el esfuerzo del
MPA no basta. Necesitamos que las autoridades Policiales, Ministeriales y Jefes Policiales brinden
también instrucciones y trabajen en este sentido.
La delincuencia, especialmente las bandas y asociaciones ilícitas se organizan,
coordinan y muchas veces nos llevan la delantera, por lo que cual entiendo que lo expuesto es no
solo correcto sino urgente e imprescindible.
Entre todos los responsables de las distintas áreas deberán gestionar y
coordinar sus acciones de manera de hacer más eficiente su labor tendiente en procura de una
investigación exitosa. También incluyo aquí al Organismo de Investigaciones del M.P.A., que a
todas luces resulta casi imprescindible a la hora de las investigaciones complejas y todas aquellas
que tienen una repercusión comunitaria importante.
Los Fiscales como directores de la investigación deberán también comprender
dichos obstáculos, con sus directrices y acciones tratar de solucionar los mismos para así hacer
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mas eficiente la labor.
Si esto sucediera, la mejora será continúa pero además rápidamente se
advertiría quienes son las personas que no se adaptan al sistema, que son tóxicas para el mismo o
bien que se han olvidado de “hacer cumplir la ley” torciendo su destino hacia la corrupción. En
este caso debemos ser determinantes y tomar las decisiones correspondientes. No se puede ser
encargado de hacer cumplir la ley y a la vez ser delincuente. Este debe ser un mensaje claro hacia
la comunidad, hacia la propia fuerza incluso hacia el M.P.A.
CENTRO TERRITORIAL DE DENUNCIA
Dentro del Ministerio de Seguridad de la Provincia se ha creado este
organismo que a pesar de su reciente puesta en funcionamiento y sus noveles integrantes,
cumplen una buena función y necesaria para el sistema. Ha permitido descentralizar el problema
de la Policía, ha permitido que se realicen denuncias que antes no se efectuaban. Es
imprescindible que los fiscales de turno coordinen y mantengan un contacto fluido con las
mismas en especial para atender los conflictos penales urgentes.
Es necesario fortalecer los C.T.D. y ampliar su número, por lo que hemos
solicitado a las respectivas autoridades Ministeriales la instalación progresiva de estos centros en
las ciudades de Avellaneda, Vera, Calchaquí, Villa Ocampo y Las Toscas.
DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL MPA
Conforme lo prescribe el Plan de Desarrollo Institucional y contando con la
colaboración de los Gobiernos Municipales de Avellaneda y Villa Ocampo, la Circunscripción
Cuarta cuenta con dos delegaciones administrativas, una en cada ciudad, mediante convenios con
las respectivas autoridades quienes cedieron en comodato dos inmuebles para el funcionamiento
del MPA, oficinas de atención al publico en los lugares donde no existe Unidad Fiscal, todo ello
con el intento de acerca la justicia a la comunidad, haciendo más fácil el acceso de las personas al
servicio de justicia y consolidando nuestra institucionalidad.
ORGANISMO DE INVESTIGACIONES DEL MPA
Creado por la Ley 13.459, este organismo de apoyo dentro de la estructura del
MPA, dependiente jerárquicamente del Fiscal General se ha tornado- a mi juicio- imprescindible -
en apoyo a los fiscales en investigaciones de casos complejos, de delincuencia organizado,
cometidos por funcionarios públicos ó en delitos que traigan aparejada una conmoción pública.
Representa un notable avance en la investigación y vienen a llenar un espacio
vacío. Además por convenio suscripto con la Procuradoria General de la Nación, puede colaborar
en investigaciones de la Justicia Federal, posibilitando coordinación con los demás órganos
investigativos como la Agencia de Investigación Criminal y otras, aún de orden federal, lo que
posibilita atacar el fenómeno de la delincuencia organizada- especialmente narcocriminalidad -
desde un punto de vista global. Permite a su vez coordinar acciones con los fiscales y Jueces
Federales quienes se dedican a los delitos de su competencia y el M.P.A. puede colaborar con los
delitos comunes - no federales - cometidos por las mismas personas.
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Por tal motivo debe reforzarse en recursos humanos y tecnológicos al
Organismo de Investigaciones, incluyendo a la Delegación Regional existente en la Cuarta
Circunscripción Judicial.
En tal sentido y por disposición del Fiscal General en la ciudad de Reconquista
se implementará un Oficina de Análisis Forense como asimismo el Laboratorio Biológico Forense,
que incluso podrá ser utilizado por el Juzgado Federal, lo que entiendo representará un notable
avance en las investigaciones. Se cuenta asimismo con un moderno sistema sofware UFED, que
nos permite avanzar localmente en las investigaciones del contenido de los teléfonos celulares.
RELACIONES CON LA JUSTICIA FEDERAL
En la lucha contra el crimen organizado, es imprescindible actuar en
coordinación con los fiscales y Jueces Federales. No se trata de asumir competencia material
ajena como es el caso de la narcocriminalidad, sino de establecer una coordinación en las tareas
investigativas que permiten optimizar los siempre escasos recursos con lo que contamos.
No podemos dejar de señalar que la relación de los delitos comunes con la
narcocriminalidad es cada vez mayor, por lo que se requiere mostrarse unidos frente a tales
flagelos.
Es verdad que la Justicia Federal aún no ha implementado el sistema
acusatorio rigiéndole un código procesal mixto y que de alguna manera esa debilidad ha
permitido el avance cada vez mayor de asociaciones ilícitas dedicadas desde la narcocriminalidad
a distintos delitos muchos de ellos comunes que tienen una complejidad investigativa pero que a
su vez representan una gran conmoción comunitaria de la cual no podemos ser ajenos.
A su vez el Organismo de Investigaciones, en el marco del convenio con la
Procuraduría Nacional, puede colaborar, y lo hace, en estas investigaciones complejas, cuyos
resultados pueden ser utilizados por la Justicia Federal y Provincial, cada una en el marco de su
competencia.
LEY DE CONTRAVENCIONES Y CÓDIGO DE LA MINORIDAD
La sanción de la ley 13.744 cargó sobre las espaldas del M.P.A. la demorada ley
de Faltas o Contravenciones. Dicha ley creó además distintas estructuras de personal, las que aún
no han sido cubiertas.
En la Cuarta Circunscripción y aún dentro de las dificultades que surgen de la
escasez de Recursos Humanos y a cargo de los Secretarios de Gestión Administrativa y Procesal
de cada Unidad Fiscal, se llevan adelante procedimientos contravencionales, fundamentalmente
aquellos donde se presentan conflictos de alguna gravedad. Se debe coordinar en el marco legal
trabajos con los Jueces Comunitarios y Jueces de Faltas Municipales.
La pronta sanción del nuevo Código Procesal Penal de la Minoridad,
representará una nueva carga de trabajo para el M.P.A. A la luz de la experiencia su
implementación no será acompañada de los recursos humanos necesarios para una adecuada
atención comunitaria, en una problemática cada vez más acuciante.
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RELACIONES CON LOS DEMÁS ACTORES DEL PROCESO
El proceso Acusatorio y Adversarial trajo aparejada múltiples cambios. La
asignación de roles, en especial la separación de la cuestión administrativa de la jurisdiccional,
hizo surgir otro actor importante en el proceso, cual es la Oficina de Gestión Judicial, cuya
supervisión esta a cargo del Secretario de Gobierno de la Suprema Corte de Justicia.
a) Oficina de Gestión Judicial
Encargada de la parte administrativa, las Oficinas de Gestión Judicial asumen
un papel importantísimo en el nuevo proceso penal. En búsqueda de la esperada eficiencia se
debe mantener un diálogo constructivo, respetando la autonomía funcional de cada organismo.
Deberá tener presente para el agendamiento de audiencia, el número de jueces que es casi igual al
número de fiscales, teniendo presente además que estos cumplen otras tareas además de las
judiciales como por ej. las audiencias imputativas en Sede del M.P.A.
b) Colegio de Jueces
Otro cambio lo representa el hecho de que los jueces se integran en el llamado
Colegio de Jueces de Primera y Segunda Instancia, con un magistrado coordinador, con
jurisdicción y competencia en toda la Circunscripción a través de un sistema de turnos.
De esa forma se resguarda la imparcialidad, la impartialidad y la
independencia. Además se realizan permanentes sorteos en sus miembros para actuar en las
Investigaciones Penales Preparatorios ó en el Juicio, situación inmejorable para tener mayor
eficacia.
Cuando me refería a los problemas que enfrentaba el nuevo sistema, no puedo
dejar de mencionar los problemas técnicos jurídicos que diariamente surgen en las audiencias
judiciales y que es necesario remarcar, asumir y superar para mejorar el sistema todo.
Este año han sucedido algunos casos donde claramente se obliga al M.P.A. a
cumplir con algunos principios y capacitaciones, pero se olvidan otras obligaciones tales como
dictar los fundamentos de las sentencias en el tiempo legal, cumplir acabadamente con el rol en
las audiencias preliminares para que estas cumplen su objetivo de control y filtro de la acusación
de las pruebas a producirse en el debate y no un mero trámite burocrático. Asimismo una
unificación de criterios en algunos temas puntuales, por ej. la determinación de la prueba
documental, la material, las declaraciones previas, criterios comunes sobre la prisión preventiva,
etc.
Podría como máximo responsable del M.P.A. en nuestra Circunscripción
efectuar las denuncias ante el Organismo encargado de supervisar el desempeño de los
magistrados, pero prefiero hacer comprender la necesidad de mejorar en este aspecto antes de
que la situación pueda tomar otro camino.
Se podría pensar de que lo antes mencionado obedece a una simple posición
del M.P.A, sin embargo, es lo que ha llevado a muchos funcionarios a sostener que cada
Circunscripción aplica el código de distintas maneras, lo cual lógicamente no es lo ideal.
Aún a riesgo de ser sobreabundante, es mi criterio personal que el Colegio de
Jueces debe servir como ámbito donde se planteen cuestiones comunes que se presentan a diario
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a sus distintos componentes y a su vez el Juez Coordinador establecer reuniones periódicas con la
O.G.J, con el M.P.A., con el Servicio Publico Provincial de Defensa Penal y el Colegio de
Abogados.
Es necesario reeditar ese funcionamiento que en los primeros años se
efectuaba.
c) Servicio Provincial de Defensa Penal. Defensores Particulares
El S.P.P.D.P. constituye en nuestra y todas las jurisdicciones, con algunas
diferencias, el principal adversario procesal del M.P.A. pues un importante número de imputados
requiere de sus servicios profesionales. Asimismo debo destacar que los defensores particulares
han aumentando tanto en número como capacidades y aptitudes profesionales.
En tal conocimiento, y reconociendo que su trabajo técnico jurídico es el
correcto, es necesario establecer las mejores relaciones posibles aún cuando se defiendan
intereses contrarios.
Como crítica debo mencionar que en un sistema multipuertas como el
acusatorio, las distintas salidas alternativas deben ser planteadas oportunamente, una vez que
son conocidas las evidencias de cargo contra los imputados, de manera tal de evitar un dispendio
jurisdiccional inútil y no esperar la acusación para tomar esa decisión, cuando conocen
perfectamente que el fiscal tenga la convicción de lograr una sentencia exitosa realizará la
acusación y con ello irá agotando los tiempos para una salida alternativa.
RELACIONES CON LA PRENSA Y LA COMUNIDAD
El proceso oral y público, la necesaria transparencia ha cambiado radicalmente
las relaciones con la prensa y con la comunidad, la que se comunica mediáticamente en una
proporción significativa lo que logra mayor afluencia informativa en nuestras ciudades que
integran la Cuarta Circunscripción Judicial, en las cuales todavía el conocimiento personal y la
comunicación directa es posible, lo que coloca a los Fiscales en una situación de mayor exposición
mediática y personal.
No se puede dejar que en el contexto actual, muchas veces se sobreinforma
sobre cuestiones que no corresponden y de los cuales cierta prensa puede generar situaciones no
compatibles con lo deseado, a veces creando debates sobre lo que debe discutirse en las salas de
audiencias.
Desde el M.P.A. se ha buscado mediante protocolos establecer normas en
como deben realizarse la comunicaciones, evitando situaciones anómalas cómo pueden ser las
violaciones del secreto de las actuaciones procesales, del estado de inocencia, de la
revictimización, etc. No siempre se cumplen y ha sido materia de preocupación de los órganos
Directivos del M.P.A.
Asimismo es motivo de preocupación la utilización de las redes sociales por
parte de fiscales y funcionarios del M.P.A.
La comunicación debe ser fluída y permanente, con la prensa, con las
organizaciones de víctimas, con las mismas víctimas, con otras organizaciones ambientales,
empresariales, Municipalidades, Comunas O.N.G., etc., pero siempre resguardando los principios
legales, otorgando la información que pueda brindarse sin dañar los principios legales y cumplir
con nuestro deber de “objetividad”.
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Se trata en suma de lograr un justo equilibrio, enviando ese mensaje
equilibrado hacia los medios de prensa, acudiendo en lo posible a su “responsabilidad social”, la
de brindar información veraz evitando crear conflictividad.
ABORDAJE MULTIAGENCIAL PARA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS
Resulta necesario considerar que toda la actividad prevencional y la tendiente a
disuadir en la comisión de delitos, tiene que ver con la prevención y tratamiento de las situaciones
conflictivas que surgen comunitariamente, especialmente en los denominadas “barrios calientes”.
Se hace necesario recuperar el territorio que el Estado ha perdido por distintas
razones, una de ellas puede ser la “pandemia”, que interrumpió el trabajo que se venía
efectuando, pero lo cierto es que las distintas reparticiones estatales que tienen que ver con la
problemática barrial han perdido presencia, surgiendo así otras formas de contención y desarrollo
de actividades conflictivas, que llevan necesariamente al delito.
Pensar que la respuesta del Estado ante tales situaciones es únicamente
policial o penal, es un grave error, evidencia una falta de visión global. Es necesario un trabajo
interdisciplinario de todas las agencias del estado, realizando un trabajo multiagencial que
permita, con todas las políticas públicas que el Estado tiene disponibles- entre ellas el sistema
penal – recuperar los territorios perdidos, realizar un trabajo barrial que permita detectar los
barrios calientes, sus necesidades, los conflictos como tambien diagnosticarlos y trabajar en su
contención y superación, para evitar que esos conflictos se agraven y se conviertan en delitos.
El M.P.A. no puede estar ausente en ese trabajo, detectando las situaciones de
personas que han cometido delitos, especialmente su reiteración y actuar en consecuencia. Este
trabajo conjunto, multiagencial, permitirá la pacificación ó reducción de los índices de
criminalidad a la vez que socialmente mejorara las posibilidad de los habitantes de dichas
comunidades barriales. Hay que insistir con las distintas Autoridades Municipales y Comunales
para hacer entender que la gestión de la conflictividad social, mejorará sin dudas la calidad de
vida de sus destinatarios.
