La empresa estatal Aguas Santafesinas elevará a principios de febrero un pedido para el aumento de tarifas en el servicio de aguas. El requerimiento será para el Ministerio de Infraestructura que tiene a su cargo Silvina Frana, que es la encargada además de dar intervención al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) para establecer la fecha del llamado a audiencia pública.
Este es el segundo pedido de aumento que envía la compañía al gobierno de Perotti durante este año. El primero fue solicitado apenas comenzando el 2023, donde se detallaba sobre un “desfasaje” en el precio del servicio aludiendo que si no se lograba aumentar el Estado “deberá hacerse cargo del 76% de los costos”.
En cuanto a este pedido señalaron que se fundamente en el costo de los insumos a causa del aumento del dólar y la inflación que padece el país, con números que cerraron en 92% en 2022, de acuerdo a lo que marcó el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec)
Una vez que se haga llegar la nota, desde el Ministerio de Infraestructura notificarán al Enress para definir una fecha de audiencia pública y luego la elaboración del informe correspondiente donde se evaluarán los aspectos que expuso la empresa, usuarios e instituciones intermedias.
La última palabra la tendrá el Ejecutivo, que buscará hacer equilibrio entre el pedido de Aguas y el bolsillo de los santafesinos.
En 2022 el aumento de la tarifa de agua fue aprobado para que se aplique en modo desdoblado en tres tramos de 30%, 20% y 10%. Estos incrementos impactaron en la facturación de los bimestres 2°/2022, 5°/2022 y 6°/2022.
En la ciudad de Santa Fe los vencimientos operaron en los meses de abril, octubre y diciembre para los bimestres indicados. Mientras que en Rosario los vencimientos de facturas se dieron en los meses de marzo (2° bimestre), setiembre (3° bimestre) y noviembre respectivamente (6° bimestre).
En todo este proceso, el Enress estuvo sin autoridades y recién regularizó su situación a finales de 2022 cuando la Legislatura aprobó los pliego de Jorge Lagna que hasta ese momento había ocupado la jefatura del Ministerio de Seguridad y de Jorge Raúl Hurani, vinculado al sector del diputado provincial, Oscar "Cachi" Martínez.
Para que pueda funcionar correctamente, al menos se necesita de la participación de tres integrantes. La Ley 11.220 dispone la regulación de la prestación del Servicio y las funciones que debe cumplir el Ente, entre las que aparece la de ejercer el control en la prestación del servicio en toda la provincia de Santa Fe.
Además, debe dictar reglamentaciones, puede realizar inspecciones, revisiones y llegado el caso determinar sanciones. Sin embargo, la situación de acefalía provoca que muchas de dichas funciones no se puedan ejecutar. Una de esas limitaciones es la imposibilidad de dictar resoluciones sancionatorias o determinar actualizaciones tarifarías pedidas por la Empresa.
