En Argentina 6 de cada 10 niños y adolescentes de hasta 17 años son pobres y no consiguen acceder por completo a los alimentos, educación y salud necesarios. El número estadístico, que parece frío, representa en la realidad a unos 8,2 millones de chicos de todo el país. Y se suma otro síntoma, reflejo de la crisis de la última década potenciada por la pandemia: el aumento de personas de sectores medios que caen en situación de pobreza, por el deterioro de la calidad de vida en términos económicos.
Este dato, al que accedió Ámbito, surge del reciente informe publicado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). El trabajo, realizado por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, analiza la situación social estructural de niños y adolescentes de entre 0 y 17 años en Argentina, entre los años 2010 y 2022.
Pobreza infantil en Argentina
En primer término, el relevamiento arrojó un dato contundente: en 2022 el 61,6% de los niños y adolescentes (NyA) de hasta 17 años de edad se encuentran en la pobreza. Es decir que 6 de cada 10 chicos tienen un déficit de ingreso económico en su entorno que no les permite acceder por completo a los bienes y servicios (como alimentos, salud, educación) de la Canasta Básica Total (CBT) que estima el Indec.
Por lo tanto, la pobreza infantil se sostiene en niveles similares a los de 2019, el momento previo a la pandemia, donde alcanzó el 59,5% de los NyA. En medio de la crisis del Covid-19, esos valores tocaron máximos de 64,6% (2020) y de 64,9% (2021).
Además, en esa serie relevada, se constató que un 13,1% de los NyA se encuentran en el umbral de la indigencia, ya que pertenecen a hogares que no pueden acceder a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que estima una cantidad mínima de alimentos para cubrir el umbral de requerimientos energéticos. De este modo, si tomamos estas dos variables, la conclusión muestra que un 74,7% de los chicos no cumplen parcial o totalmente con las necesidades requeridas.
El trabajo del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA mostró que este nivel de pobreza estructural tuvo una tenue baja, a pesar de los esfuerzos del Estado en materia de ayuda social, como la AUH y otros planes, para contrarrestar ese efecto negativo. El informe relevó un total de 5.860 hogares y 4.816 niños y adolescentes.
En esa línea, el trabajo reflejó que las ayudas sociales del Estado para los sectores bajos y medios fueron en suba, del 41% en 2019 (prepandemia) a 49,8% en 2022. Por lo tanto, al día de hoy, 5 de cada 10 NyA son beneficiarios de la AUH o de algún beneficio derivado de transferencias no contributivas.
Deterioro progresivo de sectores medios
Sin dudas, uno de los temas que genera especial atención es el progresivo deterioro de la clase media en términos económicos en el período 2010-2022, algo que ya se percibe desde la crisis de 2001, como fenómeno particular.
En ese sentido, el informe de pobreza infantil de la UCA es otra muestra más de esa “caída” de sectores que integraban la clase media y que ahora forman parte de aquellos más bajos, con foco en la situación económica, agravada en 2020 con la pandemia del Covid-19.
Este dato se ve reflejado en la tasa de pobreza de NyA, se mantiene en niveles previos de pandemia. En 2022 arrojó que el 61,3% de los chicos de nivel socio-económico medio son pobres, mientras que en 2019 esa cifra era del 54,4%. O sea que hubo un aumento de alrededor del 10% de pobres en ese rango social, en proporción, en tan solo tres años.
Justamente, uno de los datos en el que hace hincapié el informe es el mayor impacto, desde 2020, en las infancias de sectores medios, con foco en la alimentación, la salud y la educación. El hecho insoslayable es que desde el año del inicio de la pandemia, el Estado amplió el servicio de cobertura social.
En ese cruce, se observó que los sectores medios comenzaron a recurrir cada vez más a la ayuda social, como producto de la crisis económica derivada de la pandemia. “Las clases medias iban cada vez más a comer y recibir ayudas del Estado”, expresó a este medio Ianina Tuñón, una de las autoras del informe.
Fuente: Ambito
