Las autoridades máximas del Servicio Público Provincial De Defensa Penal de Santa Fe (SPPDP) cumplen funciones durante seis años consecutivos, según lo indica la normativa vigente. Particularmente, tras el final de la gestión que encabezó la Dra. Jaquelina Balangione, quedó al mando de la Defensoría provincial la Dra. Estrella Moreno Robinson, desde el mes de abril del presente año.
Luego de iniciar un proceso de transición respecto al trabajo de las anteriores autoridades, que aún continúa, Robinson presentó ante la prensa sus líneamientos básicos de gestión. Hizo hincapié en la necesidad comunicacional de profundizar el significado del rol institucional de la defensa para los ciudadanos, mencionó cuáles son los estándares que guían el trabajo de los defensores y también explicó como se configura el escenario de recursos humanos y administrativos dentro de la institución.
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Por otro lado, admitió que la cuestión de la sobrepoblación en comisarías y cárceles es un tema acuciante, y en esa línea consideró abusivo el "uso de la prisión preventiva" y lamentó el impacto de este método para que se cumpla el precepto de resociabilización de los internos.
Cabe recordar que el Servicio Público Provincial de Defensa Penal es una institución creada por Ley Provincial N° 13.014, con autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera dentro del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, que brinda servicios gratuitos de defensa penal a toda persona acusada de haber cometido un delito, o que se encuentre cumpliendo una pena por haber cometido uno, que se niegue a designar un abogado particular de su confianza o no pueda contratarlo por carecer de recursos económicos suficientes, y promueve la vigencia efectiva de los Derechos Humanos para generar un entorno de plena vigencia del Estado de Derecho.
¿Cuál es el rol institucional del SPPDP y sus integrantes?
- "La misión institucional fundamental es la de proporcionar servicios de defensa técnica pero no cualquier defensa, sino una defensa efectiva y eficaz, para cumplir con los estándares internacionales. Esto implica que no damos una defensa formal, sino que es una defensa proactiva, que estudia el caso, ve la legalidad de la prueba recolectada, recolecta su propia prueba, alega sobre la prueba, recurre cuando hay que recurrir. Es una defensa también que hace efectivos todos los principios del sistema acusatorio adversarial, que son los principios de oralidad, de publicidad, de inmediación. Además, quiero decir por sobre todas las cosas, que en el día a día la defensa pública brinda defensa penal a toda persona que lo solicita, tenga medios económicos o no. Cierto es que nuestro servicio debe orientarse prioritariamente a las personas vulnerables, social y económicamente, pero eso no implica que podamos dejar sin defensa a personas que con medios, de todas maneras, solicitan ser atendidas por nuestro organismo".
¿Qué estándares legales deben cumplir los defensores?
- "Toda nuestra actividad va a estar siempre direccionada de acuerdo a la ley, a los reglamentos, siempre debe respetarse toda norma legal, nosotros no podemos actuar por fuera de la legalidad, y los estándares orientan siempre la actividad del defensor. En lo ético son muy específicos, porque el defensor se enfrenta a muchísimos dilemas éticos, entonces, frente a esos dilemas, puede dirigirse a los estándares que les dirán qué hacer y cómo manejarse".
"siempre debe respetarse toda norma legal, nosotros no podemos actuar por fuera de la legalidad"
¿Cómo se encuentra el SPPDP en términos de recursos humanos?
- "Cuando hablé de 81 defensores, no incluía a las autoridades. Si incluimos a las autoridades, que son los defensores regionales, y mi persona, seríamos 87, pero en realidad debemos cumplir otras funciones. Para que exista paridad de armas, igualdad de armas, debe haber un número garantizado de defensores en relación con los fiscales. Entonces, lo que hay que ver en cada distrito, es que se cumpla esa equidad, ese número, ese equilibrio. Si no hay suficientes defensores o si el defensor tiene que atender una cantidad de cuestiones que le impiden cumplir con la calidad de la defensa, tenemos un problema. Por eso también hablo de reforzar las estructuras de apoyo, en la cuestión administrativa, en la cuestión interdisciplinaria, psicólogos, trabajadores sociales, que colaboran a tener otra mirada, personas que ayudan a recoger pruebas, que colaboran también en el proceso de estudio de los casos. En este sistema, el defensor es el único puede ir a una audiencia. Nadie lo puede reemplazar, si no es otro defensor. Por lo tanto, es importante siempre mantener un equilibrio entre fiscales y defensores".
"es importante siempre mantener un equilibrio entre fiscales y defensores"

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¿Con qué datos se encontró la nueva gestión respecto a la sobrepoblación carcelaria y en comisarías?
- "La capacidad edilicia en cárceles es de 6374 personas, pero hay más de 2200 internos más. En comisarías, donde el problema es más grande, tendrían que estar 543 personas y hay 1090, es decir, el doble. Otro número que es relevante es el número de la tasa de encarcelamiento, que cuando empezó el sistema en 2014 era de 135 internos cada cien mil habitantes y hoy es de 263 internos cada cien mil habitantes. Esto está pasado con los crecimientos de tasas de encarcelamiento en toda América Latina y es un fenómeno que empezó hace muchísimos años. Respecto a las personas sin condena firme hay aproximadamente un 44 por ciento del total, en esa condición, son números variables, pero aún sigue siendo un número muy alto. Es una cuestión que amerita un cambio, pero es una cuestión que trasciende gobiernos, trasciende gestiones y creo que tiene que haber un diálogo interinstitucional donde todos piensen cómo resolver este problema. Yo tampoco creo que la solución sea construir muchas cárceles, creo que hay que buscar otros mecanismos. Lo que yo puedo decir es que el panorama no mejora, y eso es así debido a que la superpoblación o la sobrepoblación implica hacinamiento y el hacinamiento implica un deterioro de todas las condiciones. Imagínense que queda el mismo número de cupo para trabajar, el mismo número de cupo para estudiar, el mismo número de personas de guardia del servicio penitenciario, para un número mucho más grande de gente. Lo que nos preocupa es que esto no colabora en absoluto con el objetivo que tiene que cumplir la pena, que es el de la reinserción".
"Respecto a las personas sin condena firme hay aproximadamente un 44 por ciento del total en esa condición"
¿En qué alternativas se debería trabajar para cumplir con la posibilidad de resocialización de los internos?
Primero con la educación. Hay un alto porcentaje de las personas encarceladas, aproximadamente del 75 por ciento, que no cumplieron con el ciclo educación obligatoria. Creo que brindar educación es fundamental. Permitirles adquirir un oficio, un trabajo, ser tratados como humanos también, que se respete su dignidad inherente. Entonces, creo importante poder considerar que esta persona puede estudiar, que puede trabajar y a la vez ver una salida programada para analizar dónde puede reinsertarse, dónde puede trabajar. Sí, se que suena muy difícil, creo que es difícil, pero hay que intentarlo, porque si no, no estamos dando una respuesta".
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