Hace dos meses, que un golpe de Estado se instaló en Bolivia. Desde entonces, los funcionarios del gobierno de Evo Morales buscaron asilo en distintos países o instituciones. Ocho hombres y una mujer residen desde entonces en la Embajada de México, localizada en la capital Boliviana.
Están sitiados por tres anillos de vigilancia que dispuso el gobierno de Jeanine Añez. Las autoridades de facto controlarán todo lo que suceda en residencia. A este efecto dispusieron: drones, equipos de interferencias, cámaras montadas sobre vehículos, efectivos policiales subidos a las laderas de los cerros, entre otros mecanismos.
En la puerta misma de la sede diplomática empieza el primer anillo de control. Hay un segundo formado por retenes y vehículos sobre La Rinconada, al sur de La Paz . El tercero llega hasta los cerros de los alrededores. Los policías que rodean el perímetro mantienen guardias rotativas.
Dentro del grupo que recibe asilo, el más buscado es Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia de Evo. La embajadora de país centroamericano, María Teresa Mercado, pidió que se respete el Tratado de la Convención de Viena, aunque hasta ahora no tuvo respuesta.
En su artículo 22, inciso 2, el tratado establece: “El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad”. Bolivia ratificó la Convención el 28 de diciembre de 1977.