Organismos de Derechos Humanos, familiares de víctimas de la violencia estatal, organizaciones sindicales, políticas y sociales, se unieron en un reclamo conjunto contra el nuevo protocolo de la Policía Provincial.

Consideran que las nuevas formas adoptadas por el jefe de la la repartición, Victor Sarnaglia, no son la solución a la ola de violencia e inseguridad que vive la ciudad. Expresaron que rechazan la idea de que el camino pase por darle más poder a las fuerzas de seguridad. Asimismo, se solicitó que "no se ponga en práctica el nuevo protocolo policial". 

Entre los organismos y asociaciones que participaron del comunicado, se destacan: APDH Rosario, Familiares de Detenidos y Desaparecidos Políticos Rosario, Colsolectivo Nacional de Ex Presos Políticos y Familiares, CeProDH, Asamblea del 19 y 20 Rosario, CTA Rosario, ATE, AMSAFE Rosario, COAD, Siprus, Aceiteros Rosario, Arde Matria y Agrupación Telefónica Blanca-Turquesa, entre otras.

"El camino es más educación educación pública, más trabajo, salud, derecho de todos a transitar tranquilos en cada barrio sin hostigamiento policial".

Las agrupaciones señalaron que, tras la purga policial, el Gobierno Provincial nombró como Jefe de Policía a Víctor Sarnaglia. Al sumir el cargo, modificó un protocolo de 1998 para permitir que la fuerza pueda llevar una bala cargada en la recámara del arma. Este no es un hecho menor, justamente en la provincia donde fueron asesinados entre otros: Pocho Lepratti, Franco Casco, Jonatan Herrera, Pichón Escobar, Michel Campero, David Campos y dónde María De Los Ángeles Paris fue hallada muerta, desnuda y esposada en una comisaría.

"Es importante destacar que esto se da en un contexto donde muchos/as jóvenes son hostigados/as por el solo hecho de estar en calles, plazas o bares en horas de la noche o de madrugada", agregaron.

Los organismo plantearon que "quienes adherimos a esta carta no sólo hemos enfrentado la impunidad de estos casos, sino que también sostuvimos la crítica y el repudio enérgico contra la así llamada "Doctrina Chocobar". La misma fue impulsada por la ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Por ello, hoy decidimos no hacer oídos sordos a esta legitimación del uso de la fuerza por parte de la policía provincial, que contarán con otra bala lista para reprimir y matar".

"A su vez advertimos que el acuerdo realizado con el Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Provincia, sobre el envío de 3000 miembros de las fuerzas federales, no constituye una solución real al problema del narcotráfico y la narcocriminalidad. Esta decisión tiene visos y características de militarización sobre los barrios populares de la ciudad, aunque se hable de "pacificación" en los territorios", se pronunciaron.

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En ese sentido recordaron que "tras la experiencia de 2014, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), pudo registrar 42 denuncias contra la Gendarmería Nacional por detenciones ilegítimas en las garitas. En el 86% de los casos, las víctimas fueron niñas, niños y adolescentes. Además, de acuerdo a relatos recabados, se supo que en ese período, los gendarmes torturaron e incomunicaron por lo menos a 53 personas. Y cerca de 100 jóvenes fueron asesinados en todo el país por el gatillo fácil de esta fuerza de ocupación barrial".

Sin embargo, en 2016, las autoridades nacionales y provinciales volvieron a realizar un operativo de estas características. Los resultados fueron ineficientes: no disminuyeron el crimen organizado ni el narcotráfico, sólo demostrando que las consecuencias fueron la criminalización de la juventud y de los sectores populares", remarcaron.

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"Desde nuestras organizaciones consideramos que el problema del narcotráfico y de la narcocriminalidad no sólo afecta a nuestra región, sino que tiene una escala global que aporta al desarrollo de un amplio porcentaje del PBI de las economías del mundo en la actualidad (junto con otras ramas de la economía ilegal). Por ello, al hablar del narcotráfico en nuestra ciudad y zona de influencia, no podemos apuntar siempre al último eslabón de la cadena, sino que más bien debemos enfocarnos en aquellos grandes grupos de poder que financian todo el circuito del narcotráfico y que están ligados a los grandes negocios inmobiliarios, financieros y de juego, los cuales ciertamente no han sido desarmados, ni sus agentes procesados ni detenidos", propusieron.

"Quienes trabajamos en las escuelas, las APS y los territorios de nuestra ciudad, necesitamos políticas integrales de salud, educación y trabajo, y no una ocupación, donde la cuestión social ocupe un lugar central. Para buscar a los narcos y a los lavadores de dinero no hace falta ocupar un barrio, sino asumir que es un negocio que se encuentra concentrado en pocas manos y en grupos específicos de poder.", revelaron.

Para finalizar las organizaciones plantearon que "afirmamos que no es con mayor control social y políticas punitivo-represivas que vamos a combatir este flagelo, sino que abogamos por políticas sociales intensificadas, integrales, que conviertan a nuestros/as pibes/as en sujetos de derechos a través de espacios públicos para la desarrollo pleno de nuestra juventud (plazas, parques, dispositivos integrales de recreación), trabajo, bibliotecas y políticas públicas que generen oportunidades a futuro para dicha juventud".