El Partido del Progreso Social rechaza la adhesión de la provincia de Santa Fe a la reforma de la ley de riesgos de trabajo. A continuación, el comunicado que emitieron desde la organización.

La ley 27348 sancionada por el Congreso de la Nación a instancias del Presidente Macri en febrero de 2017, introdujo modificaciones a la Ley de Riesgos del Trabajo en distintos aspectos, pero sobre todo en cuestiones referentes al acceso a la Justicia de parte del trabajador damnificado.

Esta reforma obliga a los trabajadores que han sufrido un accidente laboral o una enfermedad profesional, a transitar y agotar la vía administrativa a través de las comisiones médicas dependientes de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, como requisito previo para la intervención de los juzgados laborales en el caso.

Al involucrar precisamente cuestiones de procedimiento ante los juzgados ordinarios del trabajo, lo cual constituye una facultad reservada constitucionalmente a cada Provincia, es que surge la necesidad del Gobierno Nacional de que cada una de ellas adhiera a la ley para poder implementarla en todo el territorio del país.

Llegamos así a la media sanción de parte de nuestro Senado provincial del proyecto de adhesión a la ley 27348 presentado por el Gobernador Miguel Lifschitz titular del Poder Ejecutivo Provincial (aunque con algunas modificaciones), dada el pasado 4 de julio.
Frente a este proyecto y su inminente tratamiento en la Cámara de Diputados, es que planteamos nuestra posición de rechazo del mismo, reiterando lo ya expresado en otras oportunidades.

El Partido del Progreso Social (PPS) tiene como uno de sus principios fundamentales la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Dentro de esta visión de la realidad social no podemos de ningún modo apoyar una reforma de la ley que no hace sino dificultar el
acceso del trabajador a la Justicia. No es casual que sean las aseguradoras de riesgos del trabajo y los grandes grupos empresarios quienes están ejerciendo una permanente presión para que esta adhesión sea finalmente sancionada, y, por otro lado, quienes se oponen a la misma sean precisamente los sindicatos y demás sectores vinculados a la defensa de los derechos del trabajador.

Una vez más se busca cortar el hilo por lo más delgado. Hay dos grandes cuestiones a las que el gobierno intenta dar solución perjudicando y restringiendo los derechos de los más débiles: Por un lado, el colapso del fuero laboral y por otro el costo laboral.

En lugar de agilizar el trámite de los juicios, o crear nuevos juzgados, o invertir en una efectiva reforma judicial, se busca la solución más drástica y “económica”: limitar o dificultar la iniciación de nuevas causas laborales. Por otra parte, se pretende reducir el costo laboral mediante la “reducción de las alícuotas” que los empleadores deben abonar a las Aseguradoras. Pero en lugar de regular los porcentajes de utilidades y el destino que dan a éstas las ART, se simplifica acotando los derechos del trabajador y los honorarios de los profesionales que realizan las pericias médicas, todo ello en claro beneficio de los grandes grupos económico-financieros que son dueños de estas aseguradoras.

Respecto de este último concepto, entendemos que incluso resulta ser una excusa para esconder la verdadera finalidad de la ley. No se busca realmente abaratar el costo laboral de la patronal (ya que según estadísticas se reduciría en alrededor de un poco significativo
1%), sino dar a las aseguradoras mayores ganancias con menor riesgo.

Por eso es una gran falacia, tal como se ha dicho desde el gobierno nacional, que, si la Provincia adhiere a esta ley, habrá menos trabajo en negro. Nada tiene que ver la reforma con eso. Por el contrario, se trata de una norma hecha a la medida de las aseguradoras, que restringe el acceso a la justicia a los trabajadores para reclamar precisamente cuando la aseguradora no cumple las obligaciones a su cargo.

Los datos estadísticos indican que “el alto índice de litigiosidad” no es tal, ni mucho menos puede justificar esta reforma.

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