Tres cuadras de manifestantes caminaron desde Tribunales hasta la sede de la Gobernación. “Ni un pibe ni una piba menos, ni una bala más”.

Tres cuadras de marcha y una consigna: “¡Ni un pibe ni una piba menos! ¡Ni una bala más!”. Y el pedido a grito pelado de que “pare la policía de matar”. Así una nutrida marcha partió ayer a las 17 desde los Tribunales provinciales de Balcarce y Pellegrini hasta la Plaza San Martín de Dorrego y Santa Fe, frente a la sede de Gobierno provincial. Al frente de la manifestación iba Julieta Riquelme que durante las más de dos horas que duró la marcha y la concentración posterior voceó cada nombre de víctimas caídas bajo balas policiales. Hermana de Jonatan Herrera, la joven llevaba una pancarta que exigía justicia por los jóvenes muertos junto a familiares de las víctimas.

El domingo 4 de enero de 2015 Jonatan lavaba el auto en la puerta de su casa de pasaje Villar y Ayacucho cuando un grupo de policías que venía persiguiendo a un ladrón que acababa de asaltar una juguetería lo ultimó de tres balazos. Tres policías fueron condenados por el hecho pero el 8 de mayo pasado el único que quedaba preso, Ramiro Rosales, recuperó su libertad.

La tercera

“Esta es la tercera vez que marchamos y esta vez junto a catorce provincias. En este gobierno cada 21 horas un policía asesina a un pibe en todo el país. No sólo denunciamos por los que no están sino también los apremios y la represión indiscriminada de la policía en los barrios de Rosario”, sostuvo durante la marcha Julieta, la mujer a la que la muerte de su hermano le cambió la vida.

Entre quienes marchaban estaba la madre de Michael Campero, un joven asesinado en Granadero Baigorria por dos policías que estaban de civil. “En el caso de mi hijo los policías fueron absueltos y el caso llegó a la Corte Suprema de la provincia y desde allí lo revisaron. Ahora lo tienen en Fiscalía”, contó Raquel, la madre del chico.

Otra mujer que marchaba con su pancarta era Vanesa, tía de Jonita Ojeda. “A mi sobrino lo mató un policía cuando él venía de una fiesta. Dijo que estaba armado y le plantó una réplica de arma de juguete. Y nunca estuvo preso”, sintetizó.

Presentes

Entre los presentes se encontraban también familiares de Maxi Zamudio, que tenía 16 años cuando fue baleado en 2015 por un agente de Prefectura; María de los Angeles Paris, que en mayo de 2017 salió sin vida de la seccional 10ª; David Campos y Emanuel Medina, acribillados por balas policiales el 23 de junio de 2017 en Arijón y Cazadores, en la zona sur. Y tantos más.

La marcha recorrió más de diez cuadras y la multitud coreaba consignas como “Sabemos que la policía es la asesina”. Banderas de distintas agrupaciones políticas también flameaban entre quienes marchaban.

“Cada día que pasa la policía aprovecha para generar mayor violencia y abusos. Recibo en el Concejo muchas denuncias sobre hostigamiento y apremios. Y eso también debe terminar”, sostuvo la edil justicialista Norma López, una de las dirigentes políticas que se hizo presente. Por su parte el diputado provincial Carlos Del Frade (FSyP) expresó que “cada día las marchas convocan más gente. La provincia de Santa Fe tiene la tasa de criminalidad mas alta de la Argentina y esto sucede por los nichos brutales y corruptos de las fuerzas de seguridad”.

Denuncias

Al llegar a la plaza San Martín un integrante de la Multisectorial contra la Violencia Institucional leyó un documento confeccionado por las distintas agrupaciones que convocaron. “Familiares y víctimas de violencia institucional junto a diversas organizaciones marchamos por tercera vez en nuestra ciudad contra el gatillo fácil. Unimos nuestra lucha a la de familiares, víctimas y organizaciones de distintas ciudades del país para exigirle al Estado que deje de detener arbitrariamente, de hostigar, de requisar, de humillar, de golpear, de manosear, de maltratar, de torturar en cárceles y comisarías, de ejecutar y desaparecer personas”, decía parte del texto.

En otro aparte y mientras la multitud coreaba su repudio, el orador continuó: “La violencia estatal es una de las deudas más importantes de nuestra democracia. Cada 23 horas el Estado mata un pibe. No son casos aislados, en nuestra ciudad y a lo largo y ancho de todo el país estas prácticas violatorias de los derechos humanos son sistemáticas”.

“Reclamamos también por la represión que sufren por parte del gobierno provincial vecinos de barrios populares. Y por las múltiples formas de violencia institucional contra mujeres y la comunidad LGTB. Denunciamos la criminalización de las y los jóvenes de sectores populares. Denunciamos a las fuerzas de seguridad en mercados ilegales como trata de personas, armas y municiones o drogas ilegalizadas. Exigimos a los tres poderes políticas adecuadas para la prevención, detección y sanción de la violencia institucional”, dijo finalmente.