Se retrasó la aplicación del tributo hasta marzo mientras que las petroleras estiman que los valores actuales tienen un retraso del 16 por ciento.
El impuesto podría tener un impacto del 8% para las empresas, lo que representa un incremento del 2% en el precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio, según las estimaciones del mercado.
Los precios de los combustibles, las naftas y el gasoil, se incrementaron en promedio un 41,8% durante 2019.
Se dispuso la última postergación a fines de diciembre, ya durante el Gobierno de Alberto Fernández, luego de que YPF anunciara un aumento del 5% para enero de este año, una decisión que luego tuvo que dar marcha atrás.
El Gobierno entendió que por la situación económica era conveniente no avanzar con nuevos aumentos en los precios de las naftas y el gasoil que pagan los consumidores, en sintonía con la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que congeló el precios de varias tarifas de servicios públicos.
“Tales cuestiones exigen también la estabilización de los precios de los combustibles, para lo que se hace necesario diferir el impacto que podría derivarse de las actualizaciones de los montos del impuesto sobre los combustibles líquidos”, señaló el Gobierno en esa oportunidad.