No entendemos cómo una jueza nos deja tan desamparados con el problema que tenemos, lamentó Pablo Giraudo. Zoe, la niña de dos años que se recupera en Sastre de un tratamiento oncológico. Por recomendación de sus especialistas no debe exponerse a ambientes contaminados.
Luego de advertir que cerca de su casa, habilitados por la decisión de la jueza de turno en Santa Fe Beatriz Forno de Piedrabuena, asperjaron agroquímicos cuando las condiciones ambientales no eran las recomendadas.
Pablo explicó no respetan los metros de exclusión. Productores y aplicadores tampoco repararon en lo que ellos llaman «buenas prácticas» porque no había condiciones climatológicas apropiadas", se indignó.
Encerrados en su casa
"Aunque no nos garantiza seguridad, nuestro reflejo fue encerrarnos en la casa y prender el aire acondicionado. Por el camino que divide al área urbana de la rural había gente caminando, que sale a hacer ejercicio al atardecer y creen que respiran aire puro.
La familia Giraudo protagonizó una seguidilla de reclamos luego de que los médicos alertaron sobre los cuidados que debían tener con su hija. Primero reclamaron ante las autoridades municipales, luego fueron al Concejo y finalmente consultaron en los Tribunales de Santa Fe.
Fueron derivados a la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y desde allí a la Defensoría de San Jorge. A fines de noviembre y junto a otros 40 vecinos iniciaron un recurso de amparo, que aún está en trámite. En el expediente solicitan una zona de exclusión total de químicos agrarios de mil metros para aplicaciones terrestres y 1.500 para las aéreas.
Entre la documentación que presentaron para avalar su pedido estaban los resultados del campamento sanitario que llevó adelante la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. La población de Sastre tiene una tasa de muertes por cáncer que supera en un tercio a la media nacional.
Un grupo de 20 empresarios agropecuarios, solicitaron que se levante la feria, se los incorpore a la causa como terceros interesados y se revierta la medida cautelar esgrimiendo fundamentos relacionados a la reinvindicación del derecho al trabajo.
Fue allí cuando la jueza Forno, emitió una resolución que admitió a los empresarios, bajó la medida cautelar y atacó la posición de los vecinos afectados.
Búsqueda desesperada
"La decisión la jueza dejó sin efecto la cautelar. Buscamos que entiendan que lo que hacen daña al resto de la gente", se indignó Giraudo.
Sonia, la mamá de Zoe, afirmó que "ellos —los productores— tienen el concepto de que fumigar no es malo, ni siquiera para ellos mismos porque lo siguen haciendo".
"Estamos esperando la resolución de la Cámara de Apelaciones, presentamos un pedido para que se reconsidere nuestra postura".
Balanza inclinada
La ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, dijo que "el mensaje es de apoyo total a los productores". Señaló que "no hay sociedad sustentable que ponga en jaque a los que producen y trabajan".
Una de las vecinas que firmó el amparo, Ainalén Viñuela, dijo que la ministra está mal informada. La acción judicial no pone en jaque a los productores, sino al municipio para que modifique la ordenanza vigente.
Un concejal de su propio partido, Edgardo Figueroa, fue quien recomendó a los padres de Zoe acudir a la Justicia. "Quienes firmamos el amparo participamos de la Agrupación de Vecinos Autoconvocados estamos atravesando tiempos muy difíciles.
Acotó el municipio dejó sin trabajo a dos compañeros. El poder estatal le da la razón al poder económico y nuestra salud queda en último plano", finalizó.