Qué dice la resolución del juez federal Francisco Miño que procesó al basquetbolista, ex-Generación Dorada.

Una lujosa propiedad en uno de los countries más exclusivos de Santa Fe cuyas expensas cuestan más de veinte mil pesos al mes. Una firma off shore radicada en Montevideo y una operación inmobiliaria con un condenado por narcotráfico son las claves para entender por qué Carlos Delfino, el ex-Generación Dorada de la selección de básquet, fue procesado por lavado de activos.

La resolución fue dictada por el juez federal Nº 2, Francisco Miño tras una investigación llevada a cabo por el fiscal Walter Rodríguez. La defensa del basquetbolista, Néstor Oroño rechazó la investigación y por esa razón el letrado recurrió a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario para así tratar de revertir la situación tanto del deportista como su padre, Carlos Gustavo.

Por el caso fueron procesados también Elizabeth Campos, esposa del condenado por narcotráfico, Vicente Pignata, actualmente prófugo de la Justicia federal y sobre quien pesa un doble pedido de captura. Uno para que purgue una condena de cuatro años de prisión efectiva y otro para rendirle cuentas al juez Miño por el voluminoso patrimonio que construyó desde 2011 hasta la actualidad con automóviles y propiedades.

En tanto, también fue procesado el suegro de Pignata, Ramón Campos, acusado de ser prestanombre o testaferro de los bienes adquiridos por el matrimonio y que fueron advertidos por la Justicia.

Para procesar a Delfino y su padre, el juez Miño consideró oportuno destacar que la propiedad que el basquetbolista puso en venta y que después fue adquirida por los Pignata, tenía como titular la sociedad "Parmery Trading SA, una off shore radicada en Montevideo (Uruguay).

Esa sociedad uruguaya fue la que luego celebró un "comodato" gratuito por 95 años con Carlos Delfinopara que este ocupe la Unidad Funcional Nº 343 del country El Paso. Dicho contrato se firmó el 29 de octubre de 2014 en la ciudad de Montevideo.

Esa propiedad fue la que el basquetbolista y su padre pusieron en venta y con posterioridad llevaron a cabo una operación inmobiliaria con Campos y Pignata en 2017 ya que según consta en la causa, los Delfino comunicaron a las autoridades del country, en dos oportunidades, quiénes habitarían la propiedad.

Esa operación inmobiliaria tuvo la particularidad de no haber sido por medio de un boleto de compraventa sino con la utilización de un "contrato de alquiler con opción de compra".

Para el juez Miño, los Delfino, "al intentar disimular la cesión de la propiedad bajo la apariencia de un contrato de alquiler, si bien no tuvieron vinculación con la maniobra previa de narcotráfico, tuvieron conciencia de que el dinero utilizado para la adquisición del inmueble era de origen ilegal, ya que les facilitaron a Pignata y Campos un andamiaje jurídico diseñado con anterioridad y provecho propio para la ocultación de sus verdaderos titulares, cuya administración mantiene, simbólicamente, Carlos Gustavo Delfino en la actualidad".

Por último, el magistrado, acusó al deportista y su padre de que ambos facilitaron "una ingeniería jurídica eficaz y suficiente para introducir en el mercado el dinero proveniente del narcotráfico bajo una apariencia de licitud, produciendo actos de relevancia jurídico penal sin los cuales el hecho no hubiera podido desarrollarse".