Son Graciela Argüelles, Valeria Piazza Iglesias, Miguel Moreno y María Eugenia Iribarren. Piden el sobreseimiento de un gasista y un reclamista.

El juicio penal por la explosión del edificio de Salta 2141, en donde se debatirá la responsabilidad de once imputados por estrago culposo agravado, tendrá cuatro fiscales intervinientes. Graciela Argüelles, Valeria Piazza Iglesias, Miguel Moreno y María Eugenia Iribarren.

Será un juicio oral y público donde se juzgarán responsabilidades de los imputados por estrago culposo agravado tras la muerte de 22 personas el 6 de agosto de 2013. En tanto, la Fiscalía que instruyó la causa impulsó el sobreseimiento del primer gasista y el agente de Litoral Gas que actuaron el 25 y 26 de julio. Esto al considerar que no hay elementos de prueba para juzgarlos.

Mañana comenzará el juicio de una de las causas más resonantes del último lustro. Por sus consecuencias, impacto social y expectativa en torno a su desenlace.

La causa

Serán más de 100 los testigos citados ante el tribunal compuesto por los magistrados Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Juan Carlos Leiva. Y se estima que su trámite se extienda casi dos meses en las audiencias previstas en el Centro de Justicia Penal, de Sarmiento y Virasoro.

Está previsto que las convocatorias se produzcan cuatro veces a la semana. El acto judicial dará inicio mañana con una jornada de alegatos de la Fiscalía, querella y defensas de los imputados.

Polémica

La polémica ya comenzó antes de llegar a los estrados judiciales. El reclamista de Litoral Gas Gerardo Bolaño y el gasista José Luis Alalla intervinieron días antes de la tragedia en el gabinete que estalló. El primero, el 25 de julio; y el segundo, el día posterior, de mañana y tarde. Cronológicamente unos diez días antes de la explosión.

El sobreseimiento de ambos fue notificado ayer a través de la Oficina de Gestión Judicial. La fiscal Argüelles explicó que se tomó esa decisión porque "no hay prueba para vincularlos. Y tampoco se podrá producir prueba durante el juicio para que así sea".

"No hay elementos para poder llevarlos a juicio. Sus conductas no son típicas y no encuadran en una figura penal", explicó la funcionaria judicial.

La Fiscalía ya materializó el pedido, pero el único querellante en la causa, Adrián Gianángelo, insistió en que seguirá adelante con estas dos imputaciones.

Responsabilidades

"Para nosotros en esta cadena de responsabilidad cada eslabón es importante, es fuerte. Cada uno tiene una posición de garante. El conocimiento que tenían de los hechos, las irregularidades y las posibilidad de evitarlos. Por eso la imputación está encuadrada como delito contra la seguridad pública por estrago culposo agravado por la muerte de 22 personas", dijo Gianángelo. "Me gustaría que el juicio desnude la corrupción y desidia empresarial que mata injustamente a todas estas personas", remarcó.

El abogado de la querella, Angelo Rossini, indicó que las evidencias recopiladas "hay que reeditarlas en el juicio oral. Por eso todos los testigos y las pericias son importantes y quienes declararon tienen que volver a hacerlo allí en esta instancia. La causa es muy compleja desde el punto de vista jurídico penal. Porque se debatirá sobre la comisión por omisión, algo novedoso en Santa Fe, pero con similitudes con la causa por Cromañón. Creemos que al final llegaremos a buen puerto", adelantó el letrado.

Argüelles encabezó la investigación desde el viejo sistema judicial penal. Ahora se sumarán otros tres fiscales.

Esa etapa se extendió casi tres años antes de ser elevada a juicio en 2015. Luego se sumó la realización de una nueva pericia que también se dilató en el tiempo y que concluyó el año pasado.

La teoría de la fiscalía es que la explosión fue la consecuencia de una serie de negligencias en la que participaron los gasistas que se desempeñaron en el edificio durante la mañana del estallido, los administradores del consorcio y personal de Litoral Gas.