Es la máxima pena que contempla el delito de estrago culposo del que se los acusa. Hoy se escuchará el alegato de la defensa del gasista.
Cinco años y nueve meses después de que estalló el edificio de calle Salta 2141 por una gran fuga de gas causando la muerte de 22 personas, la Fiscalía y la querella pidieron ayer cinco años de prisión efectiva para los imputados de haber causado esa tragedia, entre los que se encuentran el gasista, su ayudante, los administradores del consorcio e inspectores y responsables jerárquicos de Litoral Gas. Las defensas, en tanto, que hoy continuarán con sus alegatos, anunciaron que irán por la absolución. Todo, en el marco de la primera jornada del juicio oral y público que prevé extenderse al menos por dos meses y por el que desfilarán más de 130 testigos por el nuevo Centro de Justicia Penal.
Cuando habían pasado 38 minutos de las nueve de la mañana, la hora exacta en que explotó el edificio el 6 de agosto de 2013, la fiscal Graciela Argüelles promediaba ayer el alegato de la fiscalía. Detrás de ella escuchaban con atención los padres de Débora Gianángelo, la única familia de una víctima que quedó como querellante en este proceso. El resto acordó una indemnización a cambio de desistir de los reclamos penales.
Argüelles remarcó que la tragedia "fue el final de una serie de reclamos" ante Litoral Gas, realizó una cronología de los hechos anteriores a la explosión, cargó duro contra el gasista Carlos García, quien manipuló el regulador el día de la tragedia, fustigó el rol de los administradores de consorcio y no dudó en criticar el de los responsables técnicos de Litoral Gas.
Así, se remontó al inicio de esta "cadena de negligencias", a la que situó el 24 de julio de 2013, el día en que Mariela Bozzo, vecina del 9º F del edificio, llamó a Litoral gas para advertir que "se le apagaba el calefón" y lo mismo sucedía con la "hornalla de la cocina".
Un día después llegó al lugar el inspector de Litoral Gas, Gerardo Bolaños. "No se contactó con esa vecina, fue directamente al gabinete de gas del edificio e interrumpió el servicio al encontrar pérdidas", dijo la fiscal. Para cerrar la llave de servicio convocó a otro empleado de la empresa, Guillermo Oller. Entre ambos colocaron una llave adicional y la cerraron. Después dijo que hizo constar en un formulario que le colocó un cepo, lo que a entender de la fiscal, no sucedió.
Argüelles remarcó además que Bolaños hizo una marca amarilla en la vereda del edificio para indicar el lugar en el que había que romper para solucionar el problema, rotura que debía autorizar la Municipalidad. El aval municipal llegó vía mail en la tarde de ese mismo día, pero los trabajos no se realizaron.
El primer gasista
Un día después, 26 de julio, y siempre según el relato de la fiscal, la administración del consorcio contrató al gasista José Allala para solucionar las pérdidas. Terminó el trabajo y llamó a Litoral Gas para que reconectaran el servicio. "No esperó a la cuadrilla y se fue", dijo la fiscal.
A las 21 regresó al lugar el inspector Oller acompañado por su compañero Luis Curaba. Controlaron que no había más pérdidas en el gabinete y reconectaron el servicio. A entender de Argüelles, lo hicieron en forma "antirreglamentaria". "No requirieron la presencia del gasista, no requirieron un informe del trabajo que había hecho y no inspeccionaron las instalaciones de cada uno de los departamentos para chequear el funcionamiento de los artefactos", precisó.
"Este es el punto de partida de una serie de acciones y omisiones que derivaron en la tragedia", indicó. Así, enumeró la "habilitación antirreglamentaria que hicieron Oller y Curaba, a lo que siguió la labor antirreglamentaria de la administración y el trabajo antirreglamentario del gasista García y su ayudante". Este último dato no es menor, ya que la defensa de los imputados por Litoral Gas la tomó para cimentar en parte el pedido de absolución de sus defendidos (ver página 4).
Argüelles también cargó contra las responsabilidades del jefe de mantenimiento de redes de Litoral Gas, Claudio Tonucci; y la gerenta técnica de la empresa, Viviana Leegstra. "Ellos debían controlar a sus subordinados, capacitarlos. Tenían el deber de formar el criterio de sus reclamistas", señaló.
El 2 de agosto Curaba regresó al edificio a verificar si no había nuevas pérdidas en el edificio. "Ese día se cierra la orden de trabajo por el reclamo de la vecina Mozzo", indicó la fiscal. No obstante, dijo que el problema de presión de gas subsistió. Los vecinos se siguieron quejando y la administración convocó a una reunión para informar que se debía cambiar el regulador (ver página 4).
Una "boludez"
Al encuentro llevaron al gasista García. Según la fiscal, allí les dijo a los propietarios que el trabajo sería "una boludez". Explicó que cerraría la válvula de corte y cambiaría el regulador. "Litoral Gas es el único autorizado a manejar esa válvula, los gasistas no pueden hacerlo. Además, por la cantidad de departamentos, este edificio necesitaba dos reguladores, de acuerdo a las normas vigentes. Los dichos de García fueron avalados por los administradores, que sabían que lo que decía era antirreglamentario", fustigó la fiscal.
A su entender, "hicieron un trabajo contrario a la normativa porque era más barato y más rápido".
Cuatro días después, García fue a realizar el trabajo, pero jamás pudo detener la fuga que se precipitó cuando intentó cambiar el regulador. Salió corriendo y todo estalló.
Para la fiscalía, todos, excepto Bolaños y el gasista Allala, son responsables de lo sucedido, de allí que pidió la pena máxima para el resto de los imputados. La querella, en tanto, compartió la acusación pero siguió adelante con la imputación contra esas dos personas. Hoy, se escucharán los alegatos de la defensa del gasista García.