Un tribunal lo decidió porque hubo demoras y se vencieron plazos. Un camarista dio marcha atrás y dijo que está en juego la credibilidad en el sistema.

La libertad que le otorgó un tribunal la semana pasada fue un sueño efímero para Walter Fabián Cichero. Es un preso acusado de homicidio que estuvo más de tres años en prisión preventiva, el plazo máximo que otorga la ley para mantener a una persona encerrada sin condena. Cuando advirtieron el desfasaje, tres jueces penales ordenaron que quede libre hasta el juicio tras el pago de una costosa fianza que el preso no alcanzó a afrontar. Una decisión sorpresiva y de alto impacto en el nuevo sistema penal santafesino, que en sólo diez días quedó sin efecto. Un camarista penal dio marcha atrás con la medida al plantear que el caso pone en juego la credibilidad en la Justicia provincial, que se arriesga a sufrir sanciones internacionales si promueve impunidad.

Sin esperarlo, el preso de 29 años acusado de matar en un robo a un vecino de zona oeste se convirtió en el catalizador de un debate institucional sobre la eficacia del sistema. Así quedó de manifiesto el viernes pasado en una audiencia de apelación, cuando el fiscal Luis Schiappa Pietra pidió ante un camarista que se deje sin efecto la libertad de Cichero y en cambio se prolongue de manera excepcional su detención hasta el juicio oral y público.

El juez Daniel Acosta decidió prorrogar el arresto preventivo de Cichero por otros cuatro meses. Citó otros casos en los que él mismo extendió los plazos y fue crítico con el desempeño institucional. Para el camarista, el máximo de tres años fijado por ley para la prisión preventiva no es tajante. Según Acosta, el plazo no debe aplicarse con exactitud matemática sino que puede estirarse para evitar situaciones de impunidad. Algo que ocurriría, por ejemplo, si el acusado escapa y no se presenta al juicio.

En la cornisa

Acosta invitó a distintos actores del sistema a realizar un "mea culpa": "Que no nos parezca tan lejana la cuestión de la responsabilidad institucional de Santa Fe porque ya ha sido sancionada en el caso Godoy. Tiene varias denuncias. No debería sorprendernos que esto pase porque no se está trabajando bien", dijo. Invocó el caso de Rubén Godoy, un albañil condenado por un crimen en base a una confesión bajo torturas policiales y que estuvo 19 años preso, lo que motivó una sentencia adversa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cichero está acusado como coautor del crimen de Juan Ramón Aguirre, un hombre de 46 años baleado en el pecho en un robo cuando acompañaba a su esposa a tomar el colectivo detrás del complejo de cines Village, en junio de 2016 (ver aparte). El martes de la semana pasada el preso llegó al Centro de Justicia Penal para firmar un acuerdo abreviado entre partes en el que aceptaba una condena unificada a 15 años de prisión por el crimen y una sentencia previa.

Pero ocurrió algo inesperado: a último momento se arrepintió y no dio su consentimiento para cerrar el caso con una condena. "No lo quiero firmar", dijo. Las tratativas del abreviado habían llevado un año entero y trece días antes había cumplido los tres años preso sin condena. Por eso los jueces Hebe Marcogliese, Silvia Castelli y Carlos Curto, luego de llamar la atención de las partes por las dilaciones del trámite y amonestar al propio acusado por un comportamiento que tildaron de especulativo, le otorgaron la libertad con restricciones: el pago de una fianza de 150 mil pesos, la fijación de un domicilio y el sometimiento a un sistema de rastreo electrónico.

La lógica empresarial

Cichero no alcanzó a cumplir con esos requisitos y siguió preso. Al día siguiente las partes volvieron a verse las caras en una audiencia preliminar al juicio oral y público en la que se discutieron las pruebas a presentar en el debate. El fiscal solicitó entonces una condena a 30 años de prisión para el preso como coautor de un intento de robo previo un camión de La Serenísima y el homicidio en ocasión de robo de Aguirre, además de la portación del arma.

En la última audiencia que se desarrolló el viernes en los Tribunales de Balcarce al 1600, el fiscal apeló la libertad de Cichero. Explicó que hubo demoras en realizar la audiencia preliminar ante la ausencia del otro acusado, que contrajo una grave enfermedad en la cárcel. Dijo que por este motivo la medida fue suspendida tres veces, a pedido de la defensa, lo que contó con el aval de tres jueces distintos. Contó que el otro acusado en la causa aceptó una condena en un abreviado y recién entonces Cichero aceptó esa vía, pero declinó a último momento.

El defensor público Gonzalo Armas negó maniobras dilatorias. "Renunciar a un juicio oral y público es un derecho que tiene un sujeto y como tal es retractable", adujo. Sostuvo que Cichero no especuló con los tiempos sino que ejerció sus derechos y pidió que no siga preso. "Está detenido desde hace 3 años y 22 días", precisó, e indicó que hay otras "400 audiencias de debate pendientes de realización", lo cual vuelve lejana la instancia del juicio.

Al revisar la cuestión de fondo, el juez Acosta primero analizó si el plazo legal de los tres años es lapidario o puede extenderse. Se inclinó por la segunda opción. Así lo había considerado antes el mismo juez en otros casos. Por ejemplo al prorrogar por cuatro años la prisión preventiva de Ariel "Guille" Cantero, condenado luego como jefe de Los Monos. Citó además otros precedentes.

"Entendí que en ocasiones la aplicación matemática de este plazo podría no dejar a buen recaudo la tutela de otros bienes a los que la Argentina se ha visto obligada internacionalmente a cobijar", explicó. El camarista advirtió que esos resguardos deben extremarse en casos con delitos graves a fin de evitar impunidad. De lo contrario, indicó, la provincia podría recibir sanciones de tribunales internacionales.

Luego se detuvo en el trámite del caso. No advirtió mala fe procesal en las partes involucradas. Pero invitó a los distintos operadores judiciales a no descansar sobre las actividades de gestión o de agenda de audiencias: "Si pensábamos que con el cambio de paradigma los jueces íbamos a salir del centro, y en su lugar lo importante iban a ser las planillas y la diagramación de acuerdo a la lógica empresarial, nos equivocamos: eso no se dio. Se están desnudando defectos en la aplicación del nuevo sistema".

"Los ingenieros hacen su aporte, pero si hablamos exclusivamente de gestión dejamos de hablar de un montón de cosas —alertó—. Por eso llamo la atención para que tengamos en cuenta que situaciones como ésta pueden llevarnos a la desconfianza o el fracaso en este sistema", al que invitó a "ponerle el hombro" porque puede ser "puesto en crisis o puesto en valor por el resto de la sociedad".