La Agencia rechazó que se investigue si realizan operaciones de espionaje por fuera de las ordenadas por jueces. Y acusa a la Corte Suprema de invadir la órbita de los otros poderes por intentar ponerle límites a su actividad ilegal.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) envió una nota a la Comisión Bicameral de fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. En la misma, rechaza que se investigue si realiza tareas de espionaje ajenas a las que le ordenan los juzgados. Esto tal como había indicado la Corte Suprema. Y en la que cuestiona la acordada del máximo tribunal que fijó criterios para las escuchas telefónicas y les sugirió a jueces y juezas que restrinjan los pedidos de asistencia a ese organismo en las investigaciones penales.

Límites

Los supremos pusieron límites y parámetros para la intervención de comunicaciones el 19 de junio último. A raíz del festival de filtraciones de conversaciones privadas a medios de comunicación. Como las que fueron tomadas en el penal de Ezeiza a ex funcionarios y empresarios detenidos. En ese entonces el tribunal intentó dejar a resguardo el papel la oficina de escuchas, que funciona bajo su órbita, y apuntó tanto a quienes llevan adelante las causas penales como también a la AFI. Entre otras cosas, pidió la intervención de la bicameral en el tema. Ahora la central de espías dice observar con “intranquilidad” los planteos de la Corte y la acusa de invadir a los otros poderes del Estado.

El titular de la AFI, Gustavo Arribas, pidió con el envío de la nota que el presidente de la comisión en cuestión, el radical Juan Carlos Marino, que convoque a una reunión. Según relataron allegados al órgano parlamentario, para que los diputados y senadores se pronuncien sobre el tema. Pero no estaría en los planes que sesione ni que la bicameral especializada respalde al organismo de inteligencia. Ni que se reúna, entre otras razones por la permanencia en sus filas del compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Angel Pichetto.

Los diputados opositores Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau presentaron una nota. En la que plantean que se debe hacer una investigación en base a la certificación que pidió la Corte. Sobre presuntas actividades de inteligencia criminal por fuera de lo que ordenan jueces y juezas. Pero que de todos modos en algunos casos está comprobada la intervención de la AFI en operaciones de inteligencia. Tales como el pedido directo al juez Luis Carzoglio, quien reveló que dos funcionarios de la agencia le llevaron una orden redactada para la detención de Hugo y Pablo Moyano , a lo que se negó.

El festival de escuchas

La acordada de la Corte defendía la actuación de la DAJuDeCO (Dirección de Asistencia en Delitos Complejos y Crimen Organizado). Que es el organismo que ejecuta las escuchas telefónicas. Y deslizaba fuertes sospechas hacia la AFI y también hacia los jueces intervinientes. El disparador del texto supremo fue, este año, la aparición incesante de escuchas a –entre otros— los ex funcionarios Juan Pablo Schiavi y Roberto Baratta. Así como al empresario Lázaro Báez. Que fueron utilizadas para el armado de la causa conocida como “Operativo puf”, con la que se intenta desacreditar la investigación sobre espionaje que tramita en el juzgado federal de Dolores. Pero ya en 2017 estuvieron por varios meses en los medios los diálogos filtrados entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Empezando por el de la frase “soy yo, pelotudo” .

El denominador común es que en ambas oportunidades se trató de escuchas en las que había tenido intervención la AFI. Las escuchas a Parrilli, para peor, eran directas. Como las que se hacen en los secuestros. Pese a que no corría peligro la vida de nadie. En otros casos hay jueces que eligen convocar como auxiliares de sus actividades a otras fuerzas de seguridad. Por eso, ante la sospecha, y teniendo en cuenta que hubo algunos días en febrero de este año que solo la AFI tuvo el material grabado en el penal de Ezeiza antes de entregarlo a la justicia, los supremos sugirieron a los juzgados “que apliquen en forma restrictiva la norma que los faculta a requerir la intervención de la AFI”.

Contra la Corte

De ahí que la nota enviada al Congreso, firmada por Arribas y su segunda, dice que “observa con intranquilidad la exhortación a los jueces (…) para que se restrinja la participación de esta agencia en las investigaciones a su cargo”. “Ni este director ni esta subdirectora general ordenamos ni consentimos ninguna tarea por parte de persona de este organismo violatoria de las previsiones contenidas en el artículo 4 inciso 1 de la ley 25520 (ley de inteligencia), encontrándose tal actividad, por otra parte, sancionada estatutariamente”, agregan.

“Todas las tareas de investigación criminal que lleva adelante este organismo han sido ordenadas por los señores magistrados actuantes en el marco de investigaciones sometidas a su jurisdicción”, insisten en aclarar, aunque plantean su “rechazo” a una pesquisa sobre sus actos.

“No se puede aceptar este tipo de exhortaciones administrativas que, no solamente limitan o cercenan facultades legales de otros poderes, sino que a su vez se efectúan sin existir ‘caso’ o controversia judicial’ alguna, quedando exclusivamente en el campo del prejuzgamiento”, acusan los directores de la AFI a los supremos. “Siendo que la investigación criminal resulta una facultad atribuida por el Congreso a esta AFI (…) es que se observa con intranquilidad la exhortación efectuada por el supremo tribunal para (…) prescindir de este organismo en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo”.

Acusación

La AFI acusa a la Corte de meterse en el territorio de los poderes Ejecutivo y Legislativo. “No le compete al Poder Judicial el ejercicio en forma expresa o tácita de funciones que corresponden a los restantes poderes (…) no se puede aceptar este tipo de exhortaciones administrativas que, no solamente limitan o cercenan facultades legales de otros (…) sino que se efectúan sin existir caso o controversia judicial” alguna, quedando exclusivamente en el campo del prejuzgamiento”.

Además, el escrito dice que las medidas de custodia deberían alcanzar tanto a las compañías telefónicas, la DAJuDeCO, los auxiliares de justicia autorizados a su acceso como a los jueces de las distintas instancias y los fiscales. Pero pone especial énfasis en señalar a la dependencia de la Corte, donde los términos de la presentación cayeron bastante mal, aunque no generaron sorpresa: “Se aprecia –dice la AFI– que se reduciría el riesgo de filtración si la DAJuDeCO impusiera para las comunicaciones que graban y entrega alguna ´marca o sello de agua´ que pudiese permitir el identificar el tenedor del material y el potencial origen de la filtración”.