Según un informe de la Junta de Salud Mental, el hombre que embistió a gran velocidad el vehículo en el que el niño fallecido viajaba junto a sus padres, posee rasgos que podrían colocarlo como inimputable en la causa que lo mantiene en prisión preventiva desde el momento mismo del accidente.
Francisco Lascurain es el conductor que el pasado 13 de mayo, mientras circulaba a gran velocidad por calle Angel Casanello al 2200 al mando de su Toyota Etios, embistió la parte trasera de un Crevrolet Corsa Rural en el que iba Francisco Sueldo junto a sus padres. La fuerza del impacto provocó la muerte del niño de 11 años que viajaba en la parte trasera del auto y que a su vez este chocara otro vehículo estacionado.
Horas después del suceso, el conductor del Toyota Etios fue detenido en su domicilio a escasos 200 metros del lugar del siniestro y puesto a disposición de la justicia. Dos días después fue imputado por el fiscal Daniel Filippi, quien le atribuyó dos delitos: “homicidio simple con dolo eventual” y como alternativa la calificación de “homicidio culposo ocasionado por la conducción imprudente e inexperta de un vehículo automotor agravado por haberse dado a la fuga, por no intentar socorrer a las víctimas, por conducir en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por hora por encima de la máxima permitida y por actuar con culpa temeraria”.
El 17 de Mayo la jueza Carrara dispuso que permanezca detenido por lo que hizo lugar al pedido del fiscal Filippi y del abogado querellante de la causa, Leandro Corti.
Además la jueza ordenó que sea examinado por una Junta de Salud Mental para que analice si el hombre de 37 años es inimputable o puede continuar sujeto al proceso, tal como lo planteó su abogado defensor, Sebastian Amadeo, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
En ese informe de la Junta de Salud Mental de la ciudad de Santa Fe concluyó en que el kinesiologo Francisco Lascuraín, posee rasgos que podrían colocarlo como “inimputable” en la causa que lo tiene bajo la medida cautelar de prisión preventiva desde el 17 de mayo de este año cuando la jueza penal, Rosana Carrara, ordenó que permanezca detenido.
La resolución fue dada a conocer el pasado viernes. Ahora la defensa, Fiscalía y querella tendrán un plazo máximo de diez días para que, a través de sus delegados técnicos redacten un informe en torno a los resultados a los que arribó la Junta de Salud Mental. Una vez que concluyan dichos informes, las partes deberán discutir la conclusión de la junta evaluadora y definir si el hombre de 37 años se encuentra apto para ser juzgado ante un futuro tribunal de juicio.