El hombre y su familia son denunciantes de la causa que dejó a tres personas condenadas por abuso infantil en Esperanza. El Ministerio de Justicia pretendió contratarlo para que trabaje en el penal de Las Flores, donde falleció Víctor Hugo Baraldo.

El “caso Baraldo”, que dejó a tres personas condenadas a penas de entre 16 y 20 años de prisión por delitos contra la integridad sexual de un niño en Esperanza, sigue generando polémica. Este martes se reveló que el Ministerio de Justicia de la provincia, a través del Programa de Protección de Testigos, dispuso que uno de los testigos protegidos de la causa desempeñe tareas en el penal de Las Flores.

Aire Digital accedió de forma exclusiva al contrato que el Ministerio redactó para el testigo protegido. El documento precisa que es por el plazo de un año de duración, para desempeñar tareas “en la Dirección Provincial de Asuntos Juveniles –en el Pabellón Las Flores y en la Dirección de Asuntos Juveniles”.

El 21 de marzo de este año, uno de los condenados en el juicio, Víctor Hugo Baraldo, falleció en su celda en la cárcel de Las Flores, mientras cumplía su sentencia a 18 años de prisión por el abuso sexual de su nieto.

Garantizar el nivel de vida

La ley del Programa de Protección de Testigos establece garantizar a quienes están a su cuidado la posibilidad de mantener la vida que llevaban antes de ingresar al programa.

Al momento de radicarse la denuncia contra los Baraldo, el hombre realizaba tareas de seguridad en la empresa Gonella de Esperanza -firma en la que se desempeñaba Norma Morandini, una de las condenadas-. Por su accionar judicial, fue despedido. Luego fue contratado por la Municipalidad de esa ciudad para realizar tareas de electricista.

Tras el vencimiento de ese contrato, ya relocalizado en otra ciudad -por disposición del Programa de Protección de Testigos-, el hombre no fue tenido en cuenta por la intendencia. Ante esta situación, requirió el cumplimiento del artículo que compromete a las autoridades a otorgar una tarea con la que pueda mantener la vida que llevaba anteriormente a testificar en la causa.

A trabajar al penal

Esta mañana, el hombre se presentó en el Ministerio de Justicia y recibió el contrato por el cual se enteró que su destino laboral iba a ser el mismo penal donde estuvo cumpliendo la condena Victor Baraldo hasta el día de su fallecimiento. En las dos páginas y trece cláusulas que lo conforman se determina que desempeñará las tareas de mantenimiento y servicios generales que requiera “la contratante” en el penal de Las Flores y en la DAJ.

Más allá del estupor que le generó al testigo esto, por lo que se negó a firmarlo, resulta a prima facie contradictorio y cuanto menos llamativo que un testigo protegido sea destinado a prestar servicio en el pabellón de un penal.

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Otra de las cláusulas determina que “el contratado” deberá velar por proteger los intereses de quien lo contrata, que lo desvincula de posibles reclamos que terceros puedan realizar por daños ocasionados por sus servicios y que la parte contratante no tiene responsabilidad sobre seguros de vida, enfermedad, accidentes, etc.

El contrato redactado por el Ministerio de Justicia determina que el hombre contratado asume total responsabilidad consecuencias dañosas que podrían surgir en sus tareas de mantenimiento, para terceros o sí mismo.

Más allá de lo determinado en las trece cláusulas que forman el contrato, el testigo se negó a firmarlo y su situación aún está por definirse con el Programa de Protección y el Ministerio de Justicia.