La pericia sobre el teléfono celular de Vanesa Castillo comenzó a realizarse ayer en Buenos Aires por la policía judicial del Ministerio Público Fiscal de Capital Federal. Esperan encontrar elementos que vinculen el crimen de la maestra con la denuncia por abuso de una alumna.

Este martes comenzó una nueva pericia para intentar desbloquear el teléfono celular de Vanesa Castillo y por tercera vez, desde que comenzó la investigación por el crimen de la docente, se intentará extraer la información del teléfono que la querella considera fundamental para su teoría del caso.

La “Seño Vane”, como la conocían en el establecimiento educativo,  fue asesinada a puñaladas por Ramón “Chacho” Cano en febrero de 2018 cuando salió de la Escuela Ceferino Namuncurá en Alto Verde. Desde ese entonces, la familia de Vanesa vinculó el crimen con una denuncia por abuso infantil que había realizado la maestra meses antes al brutal y salvaje asesinato.

Al respecto, la abogada querellante Carolina Walker Torres detalló por Será Justicia los intentos frustrados de abrir el celular de Castillo, realizados por la Policía de Investigaciones y la Gendarmería en Rosario. “La provincia de Santa Fe no tiene la tecnología necesaria para abrirlo, el sistema operativo de la provincia no sirve. Después se intentó con la Gendarmería. Es un Motorola que puede tener cualquier persona, no un teléfono de última generación”, aclaró.

La realización de la flamante pericia está a cargo de la Policía Judicial perteneciente al Ministerio Público Fiscal de Capital Federal y tiene como objetivo desbloquear el aparato con un software llamado UFET. Sin embargo, al no lograr abrirlo se procedió a desarmar el celular de forma manual, extraer la memoria y conectarla a un programa desarrollado por la propia fuerza para tratar de “desencriptar” el patrón de bloqueo.

Cambio de fiscal

Walker Torres expresó además que la causa “lamentablemente está en un impás, si bien hace unos meses cambió el fiscal”. Es que a fines del año pasado, por pedido de la querella, la Fiscalía Regional desplazó a Andrés Marchi  por lo que quedaron a cabo la fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Cristina Ferraro y Barbara Ilera por la Unidad de Violencia de Género.

“Al menos ha habido un cambio de perspectiva en cuanto a la investigación”, explicó la abogada. “Lo que veníamos proponiendo desde un primer momento, estamos convencidos que la causa está involucrada a la denuncia por abuso. Pero no se investigó y ocasionó que la causa no avance en ese sentido”, manifestó Walker Torres en relación al pedido de cambio de fiscal.

Desde un primer momento la querella había solicitado una serie de medidas probatorias para vincular el crimen a la denuncia realizada por Vanesa. “Allanamientos, testimoniales e intervenciones telefónicas que no se realizaron en su momento y que hoy es prueba que se perdió”, se lamentó la letrada.

En este contexto, la apertura del teléfono de la docente es fundamental para ver el contenido y establecer si Vanesa “había recibido algún tipo de advertencia como había recibido otra docente”. Por esto también insisten en la testimonial de una serie de personas vinculadas también a la causa por abuso, que tiene a una persona que cumple condena por el delito.

“Consideramos que se van a encontrar las conversaciones de Vanesa con sus compañeras sobre lo que pasaba con la alumna, posiblemente algún tipo de mensaje que ella haya recibido con alguna advertencia relacionada con ese abuso sexual en el que ella se involucró y no recibió ningún apoyo de las autoridades del ministerio de educación” recordó la abogada.

En la misma línea, Walker Torres insistió con que la intención de la querella es avanzar en la investigación para lograr una imputación para el autor intelectual del crimen. “El problema es que nunca se investigó esta hipótesis y hay pruebas que se perdieron. Si el celular no puede ser abierto la hipótesis no va a poder ser probada por eso estamos reclamando las testimoniales de personas que están vinculadas con la causa del abuso”, explicó.

En relación a la causa contra Cano, la abogada confirmó que las fiscales Ferraro e Ilera pretenden realizar estas últimas diligencias probatorias a fin de poder comenzar a trabajar en la acusación y llegar al juicio el año que viene. “Pero nosotros no queremos cerrar la investigación penal preparatoria sin que se tomen estas testimoniales que consideramos fundamentales para avanzar en nuestra hipótesis, o haber agotado todas las labores investigativas en relación a eso”, destacó la abogada.

Ley Vanesa

En otro tramo de la entrevista, la abogada se refirió al proyecto de ley conocido como “Ley Vanesa Castillo” y explicó que tiene varios objetivos: la protección de infancias vulneradas, la protección de los agentes estatales que participan en el develamiento de los hechos, trabajadores de escuelas, hospitales y Centro de Asistencia Familiar.

“Venimos desarrollando un estudio sobre la factibilidad de la ley, se hizo en mayo una audiencia pública en la Legislatura que fue muy interesante porque participaron asociaciones de víctimas, asistentes sociales, gremios, la Subsecretaría de Niñez, miembros del MPA, de la Justicia y la idea es volcar todo eso en un proyecto de ley donde participen no sólo los legisladores sino personas involucradas con esto para que la ley sea completo y abarque todas las reformas que hay que hacer”, explicó Walker Torres.