Orden para revelar información del "stand by" dispara alarma en el Gobierno por presunta inconsistencia en trámites administrativos formales. Primer revés que marca giro de tribunales clave para la gobernabilidad.
La novedad fue significativa, pasó desapercibida pero encendió las alarmas entre los operadores judiciales del oficialismo. La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno –a través del Ministerio de Hacienda- que informe y entregue copia de todos los actos administrativos dictados para tomar los créditos con el Fondo Monetario Internacional durante 2018. También el texto completo de los acuerdos suscriptos con la Argentina. Y el detalle de todas las prórrogas de jurisdicción respecto de la eventual judicialización de los términos y condiciones.
Malestar
Más allá de haber revocado un fallo de primera instancia que había desechado el amparo presentado, la decisión implica por fuera de lo simbólico, una señal de rebeldía compleja para la Casa Rosada respecto de los tribunales encargados de garantizar la gobernabilidad. El freezer en el que ingresaron los pliegos destinados a cubrir vacantes en ese fuero clave es parte del trasfondo que rodea el malestar en esos tribunales. Y que ahora comprometen en términos de legitimidad una de las cuestiones más sensibles en materia económica de la gestión Cambiemos.
El influyente camarista Sergio Fernández, junto a Carlos Grecco y Jorge Esteban Argento, firmaron la orden que iba en sintonía con la opinión del fiscal Rodrigo Cuesta. Solicitaron al Gobierno toda la información no solo digital, sino también en papel. “Los sujetos obligados deben brindar la información solicitada en forma completa y sólo cuando exista un documento que contenga en forma parcial información cuyo acceso esté limitado por verificarse algunas de las excepciones antes enumeradas, podrá suministrarse por el resto (es decir, en parte). El sujeto requerido sólo podrá negarse a brindar la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la misma no existe y que no está obligado legalmente a producirla o que está incluida dentro de algunas de las excepciones previstas en el artículo 8 de la ley 27.275. En todo caso, la falta de fundamentación determinará la nulidad del acto denegatorio y obligará a la entrega de la información requerida (conf. arts. 12 y 13 de la ley 27.275)”, afirmaron. Por fuera de ser una aparente sentencia de forma para acceso a la información de acuerdo a una demanda presentada por Eduardo Codianni –coordinador del Centro de Estudios para la Integración Financiera-, la decisión apunta a una cuestión más compleja en términos de legalidad.
Demanda
Pero la clave está en el punto c) de la demanda. Que requiere “informes, dictámenes o documentos en los que hubieran intervenido reparticiones públicas en forma previa a la toma de los empréstitos” y el punto e) a los “expedientes administrativos donde se desarrollaron los procedimientos previos a la toma de decisiones pertinentes”. El juez Esteban Furnari al que el Gobierno había salvado hace pocas semanas en el Consejo de la Magistratura del “fuego amigo” de Elisa Carrió quedó desautorizado por la Sala III –la más influyente del fuero Contencioso. Lo que marca el primer revés de esos tribunales para alarmar a Cambiemos.
El fiscal de Cámara había advertido que la respuesta del Gobierno al amparo había sido “vaga y evasiva” sobre “información pública básica” del acuerdo con el FMI. Lo sugerente de todo el trámite es que se refiere a cuestiones formales. Pero el énfasis puesto en las resoluciones permiten avizorar dardos envenenados dirigidos al oficialismo.
Es el primer atisbo de rebeldía de uno de los fueros más relevantes en materia de gobernabilidad luego del resultado de las PASO. En el camino también quedaron pliegos que se desconoce si van a sufrir un recall en caso de un eventual triunfo de Alberto Fernández. Macarena Marra Giménez estaba destinada al federal N°12, ya que venía subrogando uno de esos estratégicos juzgados. Analía Conde es la secretaria de la Sala II; Enrique Alonso Regueira era de la Sala III (presidida por Fernández) y estaba asignado en la vocalía de Elena Highton. Y Furnari –hermano- es el secretario general del tribunal. Natalia Mortier viene de la Justicia porteña y para Carrió era candidata auspiciada por Germán Garavano.
El 7 de junio del año pasado se anunció el acuerdo con el FMI por u$s50 mil millones. Pero el primer documento administrativo de Hacienda, entregado en el marco del amparo, fue tramitado el 21 de junio, pese a que la Carta de Intención para la firma fue suscripto el 12 de junio, nueve días antes, sin que, hasta ahora, hubiesen trámites formales previos tanto en Hacienda como en el BCRA y a nivel del Poder Ejecutivo. Sobre este aparente déficit formal se asienta la alarma que disparó el Contencioso Administrativo Federal.