Las ONGs de conciencia vial reclaman priorizar y unificar criterios en la investigación en casos fatales. El tema será el eje central del Foro Iberoamericano de Justicia Vial que comienza mañana en Rosario.

El pasado 6 de abril, Alejandro O. conducía su automóvil por Ovidio Lagos casi llegando a Lamadrid. No frenó en la esquina y chocó la moto en la que viajaba Sergio Rubén Morán, quien murió por los golpes. Esa no era la primera vez que el conductor protagonizaba un accidente fatal. Tres años antes había sido condenado por homicidio culposo en otro siniestro vial donde provocó la muerte de un nene de 9 años, hijo de su pareja. Por ese hecho tenía prohibido manejar por cinco años. Sin embargo no sólo se había puesto nuevamente al frente de un vehículo sino que lo había hecho con el carné vencido.

El caso es uno de los tantos a los que apelan los familiares de víctimas de la inseguridad vial. Esto para reclamar la creación de fiscalías especializadas en tránsito que permitan “investigar con celeridad, unificar criterios. Y, sobre todo, dar una respuesta más justa para las familias de víctimas y para las personas heridas de gravedad”.

El tema será el eje del Foro Iberoamericano de Justicia Vial organizado por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial.

Causas

“Las causas por delitos viales generalmente son muy lentas, pueden pasar 8 o 10 años hasta tener una condena firme. Y son muy raras las condenas de cumplimiento efectivo. Por eso, pensamos que es necesario unificar criterios y, sobre todo, identificar a los siniestros viales como un tema y una problemática de salud pública”, señala Mariana Sena. Secretaria de Compromiso Vial, una de las dos organizaciones locales que participan de la organización del foro.

La otra es Conduciendo a Conciencia, formada por los papás de los alumnos del colegio Ecos, los chicos que volvían a Buenos Aires después de hacer tareas solidarias en El Impenetrable, Chaco, cuando el micro que los llevaba por la ruta 11 impactó de frente contra un camión. Fue en octubre de 2006 y fallecieron nueve alumnos y una docente, pero el caso aún no tiene sentencia firme y la causa estuvo a punto de prescribir.

Experiencias similares

Actualmente, en la provincia los delitos viales quedan bajo la órbita de la fiscalía de homicidios culposos; es decir cuando no existió una voluntad de matar, sino que la muerte es producto de negligencia o imprudencia.

El pedido de creación de unidades especializadas busca separar la problemática de los siniestros viales de otros hechos de inseguridad, como pueden ser los homicidios, robos u otro tipo de delitos, y garantizar así su atención prioritaria.

Este tipo de fiscalías tiene su modelo en España. En el país, la provincia de Mendoza inició una experiencia en marzo del año pasado, poniendo en marcha la primera unidad dedicada de forma exclusiva y especializada a delitos de tránsito.

Los familiares de víctimas advierten que “la provincia también puede implementar de forma inmediata un lugar donde los delitos viales tengan otro tipo de tratamiento” y aclaran que “no se trata de reclamar penas más duras, sino de lograr una administración de justicia que tenga criterios y procedimientos unificados”.

Sena advierte que “una de las dificultades que tiene el sistema es la falta de mecanismos estandarizados para establecer pruebas o realizar las pericias necesarias” para juzgar la conducta de los conductores. “Los familiares de víctimas o quienes sufren lesiones graves, sentimos que los homicidios de tránsito son homicidios de segunda. La Justicia les debe a las víctimas un tratamiento adecuado, con profesionales especializados y protocolos de investigación adecuados y, además, criterios únicos, acertados y oportunos”, concluyó.

En el país, los siniestros viales provocan anualmente más de 5.500 fallecidos. Detrás de Buenos Aires, la provincia se ubica en segundo lugar en cuanto a número de fallecidos a nivel nacional .