Tras la aprobación unánime del Senado de la ley, surgen algunas dudas con respecto a su aplicación y alcance.

 

El objetivo de la declaración de la emergencia alimentaria es garantizar la atención prioritaria de las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad a través de la reasignación de partidas del Presupuesto de la Administración Nacional.

La iniciativa convertida en ley este miércoles dispone un inmediato incremento del 50% “como mínimo” de las partidas presupuestarias vigentes este año y destinadas a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.

Declara además la emergencia alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2022 y faculta al jefe de Gabinete, a partir del próximo año y a lo largo de la vigencia de la emergencia alimentaria, a actualizar trimestralmente estas partidas presupuestarias tomando como “referencias mínimas” el aumento de la variación porcentual del rubro ”alimentos y bebidas no alcohólicas” del IPC y la variación de la Canasta Básica Alimentaria según el INDEC.