Fue impulsada por el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay a raíz de lo que se conoció como "Swissleaks".

La defensa del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray planteó que con la información con que contaba el organismo tributario al momento de denunciar 4.040 contribuyentes, en un contexto de escándalo internacional que explota mediáticamente durante febrero de 2015 en el denominado “Swissleaks”, resulta inadmisible considerar a esta denuncia como falsa y por lo tanto acusar a los funcionarios de mentir al momento de ratificar la denuncia en sede judicial.

También asimismo, destacan que tanto la querella de Alfonso Prat Gay como la Fiscalía desistieron de acusar a los funcionarios por violación de secreto al presentar la denuncia. Esto resulta de vital relevancia, dado que de lo contrario la denuncia por fuga de capitales y evasión facilitada por el HSBC, caería automáticamente y en un futuro no podrían efectuarse denuncias para perseguir el fraude fiscal con información obtenida del exterior a través de tratados internacionales.

La denuncia, efectuada en noviembre de 2014, incluía activos en HSBC Suiza no declarados por aproximadamente u$s 3.000 millones, en ese momento el 10% de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Durante la jornada de alegatos del juicio que se lleva adelante contra Echegaray y dos funcionarios de AFIP por falso testimonio y violación de secretos por haber presentado a la Justicia la información de cuentas ocultas en dicho HSBC Suiza recibida de Francia, se puso en duda la declaración de los fondos en dicha entidad por parte de Amalia Lacroze de Fortabat y la actuación de Prat Gay como apoderado de la cuenta.

Tanto el fisco como los peritos de AFIP y de la Corte Suprema determinaron en 2015 que con la información aportada por el contribuyente (Amalia Amoedo, nieta de Amalia Lacroze de Fortabat) no resultaba suficiente para considerar que los fondos estaban incluidos en las respectivas declaraciones juradas.

En 2016, la AFIP, en un procedimiento irregular, procede a considerar dichos fondos declarados, piden que se reabra la causa en el juzgado penal económico.

En julio de 2015, la AFIP había determinado impuestos por aproximadamente 250 millones de pesos a Amalia Amoedo por la detección de fondos no declarados depositados en el HSBC Suiza, originada en la conocida filtración de datos de cuentas numeradas efectuada por Herbe Falciani en un caso de resonancia mundial. El apoderado de dicha cuenta era Alfonso de Prat Gay, esos fondos provenían de la venta de Loma Negra a la brasileña Camargo Correa.

En abril de 2016, la DGI le informa al juez Claudio Bonadio, el mismo tenia a cargo una causa contra Echegaray por instigación al falso testimonio al presentar la denuncia contra 4.040 contribuyentes que incluían a la familia Fortabat y Prat Gay, que los fondos se encontraban incluidos en la declaración jurada de Amalia Fortabat.

De esta forma con una simple nota, revierte el criterio de la AFIP plasmado en los actos administrativos determinativos de oficio que se encontraban apelados por los contribuyentes ante el Tribunal Fiscal de la Nación.

Esta maniobra irregular -operada en el periodo que Prat Gay era ministro de Hacienda y superior jerárquico de la AFIP como entidad autárquica- produce las siguientes consecuencias:

- Bonadio procesa a Ricardo Echegaray por instigador al falso testimonio y es removido de la Auditoría General de la Nación

- Se sobresee a Amoedo y Prat Gay en la causa presentada por el fisco que tramita en el juzgado penal económico de la doctora Strachia

- El fisco se allana de la pretensión fiscal de $ 250 millones (se deja de recaudar esa cifra)

- El fisco es condenado en costas por lo tanto los abogados de Amoedo y Fortabat cobraron aproximadamente el 15% de 250 millones

De este modo, pidieron que se abra una investigación por posible abuso de autoridad de. Alfonso Prat Gay.