Ana Viglione, funcionaria provincial, está a la espera de un juicio oral por sus dichos en la causa contra Los Monos. Pero integra la junta evaluadora policial.

El próximo jueves se conocerán los resultados de la junta evaluadora de ascensos en la policía provincial. Será el resultado de un proceso del cual participaron uniformados que aspiran a hacer carrera dentro de la fuerza. Para ello presentaron sus legajos los primeros días de agosto. Luego se conoció la oficialización de sus postulaciones. Y el 9 de septiembre fue la fecha límite para que el jurado examinador emitiera sus votos, los que se harán públicos esta semana. Hasta ahí todo parece normal.

Malestar

Sin embargo, un detalle que se conoció en los últimos días exteriorizó el malestar que dentro de la fuerza generó este proceso. Entre los evaluadores se encuentra la subsecretaria de Formación y Desarrollo Policial en la Escuela de Investigaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública provincial, Ana Viglione, quien está procesada por prestar falso testimonio en la causa que se le siguió a la banda de Los Monos. Y que está a la espera de un juicio oral y público por ese delito y con un pedido de pena de tres años de prisión.

Viglione integra la junta de selección de ascensos junto a la directora general de policía Adriana Corrales Antúnez. Y el secretario electoral de la provincia, Roberto Patricio Pascual. Las designaciones fueron realizadas por el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, quien destacó al nombrarlos que "estarán facultados para resolver todas las cuestiones que se susciten a partir de la fecha del concurso".

Críticas

La decisión del ministro causó malestar en ciertos sectores de la policía santafesina. A punto tal que muchos de ellos por distintos medios hicieron notar su preocupación afirmando que es Viglione quien los entrevista. Les pregunta sobre sus vidas, sus aspiraciones y sus bienes económicos. A fines de determinar si les corresponde o no ascender en sus cargos. Y sostienen que "ese no es el camino que se pregona en los discursos oficiales cuando dicen que quieren sanear y depurar la fuerza exonerando y persiguiendo a los corruptos con uniforme".

Hasta abogados penalistas ligados a causas que tienen policías involucrados se manifestaron sobre el tema. Y uno de ellos aseguró que "es una vergüenza que una persona procesada por falso testimonio en una causa sobre narcotráfico sea designada como miembro del tribunal de ascenso policial".

Viglione

Viglione es abogada y oficial de policía. Llegó al Ministerio de Seguridad de la mano del ex titular de la cartera Leandro Corti y durante el gobierno de Antonio Bonfatti estuvo a cargo del área de Control de Agencias Privadas de Seguridad. Luego pasó a formar parte de la ya disuelta Secretaría de Delitos Complejos, creada para seguir los casos más resonantes de narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero.

Mientras ocupaba ese cargo prestó testimonio en el proceso judicial que se le siguió a Los Monos al igual que quien fue su segundo, Andrés Ferrato. En ese marco, el entonces juez instructor Juan Carlos Vienna pidió que se los investigue por falso testimonio ya que otro testigo contradecía sus afirmaciones.

Es que el ex comisario Gustavo "Gula" Pereyra, bajo el mando de Viglione, llegó al juicio procesado y acusado de complicidad con la banda. Pero finalmente fue sobreseído porque, si bien era mencionado en algunas escuchas del expediente, las mismas no lo comprometían directamente. En su defensa, Pereyra manifestó que las fotos, domicilios de quioscos de drogas, viviendas de supuestos narcos y organigramas de bandas hallados en computadoras y teléfonos que le habían sido secuestrados eran parte de un trabajo que realizaba a pedido de sus jefes. Es decir, Viglione y Ferrato.

El proceso a Los Monos terminó en abril de 2018 con las condenas a todos los integrantes de la familia Cantero. Pero "Gula" Pereyra fue absuelto por el beneficio de la duda y se constituyó como querellante en la causa contra sus superiores.

Cumplía órdenes

El entredicho que originó la denuncia de Pereyra contra Viglione y Ferrato remite al momento en que los funcionarios declararon ante el juez Vienna y negaron haber ordenado investigaciones sobre narcotráfico, por lo que no había motivo para que "Gula" tuviera acceso a los informes o archivos que fueron hallados en sus soportes informáticos. Pero Pereyra ratificó sus dichos y lo respaldó con mails enviados a sus jefes entre el 20 de diciembre de 2012 y el 13 de agosto de 2013 que puso a disposición de la Justicia para que fuera cautelada.

Una vez absuelto Pereyra, el fiscal Aníbal Vescovo investigó el hecho y en diciembre pasado presentó la acusación contra Viglione y Ferrato con un pedido de condena a 3 años de prisión de ejecución condicional y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos por "faltar a la verdad". Días más tarde, la audiencia preliminar presidida por el juez Juan Andrés Donnola quedó inconcluso por una presentación de la defensa de Ferrato.

Entonces el trámite pasó a marzo, cuando el magistrado Alfredo Ivaldi Artacho convalidó todo lo actuado desde que comenzó la causa y la elevó a juicio. Ahora sólo queda que la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) le ponga fecha y asigne sala para el debate oral y público. Mientras tanto Viglione evalúa a aquellos policías que quieren ascender en su carrera.