El atraso en los aranceles y las deudas en los servicios llevaron al cierre a dos instituciones y 46 transportistas dejaron la actividad.
Los ajustes en las pensiones, los atrasos en los pagos y la falta de actualización de aranceles ponen en jaque a los prestadores de servicios. Sobre todo para personas con discapacidad.
Este año cerraron su puertas dos instituciones terapéuticas y unos 46 transportistas dejaron la actividad. Mañana, desde las diez, habrá un festival en el parque Nacional a la Bandera.
Visibilizar
La movida busca visibilizar la situación que atraviesan tanto los profesionales, como quienes necesitan de su atención. "Las personas con discapacidad son víctimas del ajuste por parte del gobierno nacional. En los últimos años se recortaron pensiones, no se otorgaron nuevos beneficios o se limitaron los tratamientos. Y los prestadores venimos sufriendo un fuerte desfasaje arancelario y atrasos en los pagos", señala Mariel Chapero, vicepresidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad.
Según describen los titulares de centros de día o instituciones educativas, al atraso en la actualización de aranceles (desde el año pasado sólo tuvieron un incremento del 17 por ciento) se suman también deudas históricas por "descuentos arbitrarios" que se han realizado sobre la facturación. En algunos casos, estas deudas cumplieron ya dos o tres años.
"Hay instituciones que tuvieron que cerrar sus puertas o que están en riesgo de hacerlo", advierte Chapero y repasa los nombres de dos instituciones que cerraron sus este año y otra más que "está muy cerca" de hacerlo. Las consecuencias no sólo las padecen los profesionales o el personal que pierde su trabajo. "Esto obliga, de repente, a derivar los pacientes, a que tengan que empezar de nuevo su tratamiento en otro lugar, con otras personas", cuenta.
En la provincia hay unas 100 mil personas con discapacidad, de las cuales una mayoría no tiene obra social y depende del programa nacional Incluir Salud.