La medida cautelar del máximo tribunal tendría un costo de $30.000 millones, lo que puede poner presión al cumplimiento de la meta de déficit fiscal acordada con el FMI.
El Gobierno analiza cómo hará para continuar con el programa de quita del IVA para los alimentos y el nuevo mínimo no imponible de Ganancias tras el fallo de la Corte Suprema. Que ordenó interrumpir el descuento de coparticipación que realizaba a las provincias para afrontar el costo fiscal de esas medidas.
Por la sentencia del tribunal, la Nación deberá financiarlas temporalmente solo con fondos propios.
El impacto que tendrá el revés de la Corte al Gobierno nacional rondaría los $30.000 millones.
Desde la Casa Rosada aclararon que los dos anuncios no eran por tiempo indefinido sino que tenían fecha de terminación. Para el caso de Ganancias, la rebaja para autónomos y del mínimo no imponible el lapso previsto era de septiembre y octubre. Mientras que la eliminación de la porción de IVA en el precio final de los alimentos tenía vigencia hasta fin de año.
El Poder Ejecutivo manifestó su resquemor por la acción judicial que emprendieron las 15 provincias que fueron a la Corte Suprema. "Los gobernadores pidieron la emergencia alimentaria pero van a la Corte por la rebaja de IVA y Ganancias", criticaron en Balcarce 50.
"El equilibrio fiscal no es responsabilidad sólo de la Nación sino de todos los poderes del Estado, incluido los gobiernos provinciales y municipales, y el Congreso de la Nación", concluyeron fuentes oficiales.