Luego de la dura derrota en las PASO, Mauricio Macri había firmado un conjunto de decretos para traer alivio a la clase media: eliminación del IVA en los alimentos de la canasta básica y la suba del mínimo no imponible en Ganancias.
Los gobernadores de distintas provincias exigieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la suspensión de las medidas, argumentando que ellas eran inconstitucionales, ya que su financiamiento era posible gracias a la quita de entre 600 y 1900 millones de pesos en concepto de Coparticipación Federal.
Ayer, en una votación dividida, La Corte Suprema falló a favor de las provincias al disponer que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias no pueden afectar los fondos de coparticipación. En consecuencia, los costos fiscales de la aplicación de los decretos impugnados deberán ser asumidos con recursos propios del Estado nacional, sin afectar las arcas de las provincias.
Si bien los decretos firmados por el Presidente de la Nación pueden entenderse como el resultado de políticas de Estado de las cuales el poder ejecutivo tiene potestad, más allá de la micro política local, es difícil negar que las acciones no respondan a un mundo que se ha cerrado al diálogo y la búsqueda de consensos: en Inglaterra fue clausurado el congreso, en Perú el presidente decidió intervenir el parlamento por incapacidad moral, España e Italia se disgregan en fisuras internas.
Los dimes y diretes entre Gobierno Nacional, provincias y Corte Suprema demuestran que la Argentina nunca estuvo tan cerrada al mundo.
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