El proyecto fue aprobado por Diputados y espera ser sancionado el 31 de octubre en el Senado. Ayer hubo una audiencia en Tribunales.

El destino de 47 familias que llevan años asentadas en tierras privadas de la popularmente llamada villa La Lata, uno de los primeros barrios irregulares de la ciudad en ser urbanizado, se debatió ayer en Tribunales.

Es que si bien hace ya varias semanas que está firme una sentencia de desalojo que le permitiría al propietario recuperar los terrenos (dos lotes), el juez Civil y Comercial Daniel González intenta que se avance en la expropiación del espacio. Esto por parte de la provincia antes de poner una fecha para concretar la medida.

De ese modo busca una salida pacífica al conflicto, que evite que 47 familias queden en la calle. En la audiencia donde estuvieron presentes el magistrado, el abogado del dueño del predio, legisladores y concejales de la ciudad, se puntualizó que el proyecto de expropiación que había sido presentado por el diputado Héctor Cavallero y aprobado por la Cámara baja santafesina, tuvo el jueves pedido de preferencia en el Senado para la semana próxima. La situación permitiría que se sancione y se promulgue antes de fin de año. Mientras tanto, habrá un cuarto intermedio hasta noviembre.

Preocupación

La preocupación ante las dos demandas judiciales presentadas por el propietario de ambos lotes y el futuro de quienes viven en la manzana delimitada por Presidente Roca, Gaboto, Paraguay y Garay tiene un tiempo largo. Fueron las instituciones y organizaciones comunitarias del barrio, con la parroquia del padre Fabián Belay al frente, las que primero comenzaron a trabajar en salidas alternativas. Para evitar la pérdida de las casas que estos vecinos habitan desde hace años.

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Así fue que tras varios encuentros con legisladores y concejales de la ciudad, además de la participación de integrantes de Atajo —el programa de acceso comunitario a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación—, el diputado Héctor Cavallero, conocedor en detalle de la zona por haber sido intendente en los 90 cuando eso aún era Villa La Lata, se puso al frente de un proyecto de expropiación. Que “fue firmado por todos los bloques políticos y ya tiene media sanción de Diputados.

Una mirada social

Si bien el juez González ya emitió un fallo a favor del derecho del propietario sobre los terrenos, aún no tiene fecha firme el desalojo de las familias. Antes de dar ese paso, el magistrado puso en marcha una serie de encuentros entre el representante legal del dueño del predio, legisladores y concejales. Para encontrar una salida alternativa y pacífica al desalojo por la fuerza pública.

Es central rescatar la tarea del juez y su secretaria. Que entienden realmente lo que significa la propiedad como función social, tal como lo prevé la Constitución de Santa Fe. Han convocado en varias oportunidades a los sectores involucrados para encontrar otras salidas. Teniendo en cuenta al propietario, pero también a las familias”, recalcó la concejala justicialista Norma López, quien ayer estuvo en los Tribunales.

Del mismo modo, la diputada Silvia Augsburger recordó que “no es la primera vez” que el juez tiene esta actitud. Y adelantó que el último jueves el Senado pidió preferencia para que el proyecto de expropiación sea debatido el 31 de octubre próximo. Allí encuentre el consenso para ser aprobado y promulgado por el gobierno provincial antes de fin de año.

Interés social

De ese modo, indicó la legisladora, se rescató “el interés social para no dejar a las familias en la calle”. Y señaló que la ley “también atiende el derecho del propietario de los terrenos, que los adquirió en 1981, porque cobrará por ellos”.

Así y todo, Augsburger dejó en claro “la necesidad de que Santa Fe tenga una ley de regulación del uso del suelo. Un proyecto que está en la Legislatura, pero que aún espera ser debatido”. Así como pidió el debate de protocolos de desalojo “para evitar las situaciones de vulneración de derechos que hoy suceden en la propia Santa Fe capital”.

Lo cierto es que, tras la audiencia de ayer, se definió pasar a un cuarto intermedio hasta noviembre, fecha en la que esperan que la expropiación ya tenga el visto bueno de Senadores y la promulgación. Así, el conflicto quedaría saldado.