La UNL dejará constancia en los legajos de la situación de la desaparición o de la cesantía en el marco de la persecución promovida por el terrorismo de Estado en la última dictadura y en su etapa previa.

 

En 2016, la Resolución Rectoral N° 2034 de la Universidad Nacional del Litoral creó la Comisión de Reparación Documental contra el Terrorismo de Estado. Dicha Comisión tuvo como objetivo detectar y reparar los casos en los que se hubiera producido una cesantía o expulsión de quienes se desempeñaban como docentes, personal no docente y estudiantes durante los años comprendidos en el período 1974-1983, encubriendo razones de persecución política en causales meramente aparentes. La tarea de investigación estuvo a cargo del Programa Historia y Memoria, con colaboración del gremio docente Adul.

Comisión

«Fue una Comisión que se adoptó por iniciativa de nuestro sindicato, para proceder a la reparación documental como un acto de memoria respecto de la persecución política por el terrorismo de Estado durante la dictadura cívico militar y su período previo», explicó Guillermo Munné, docente y Secretario de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades de Adul. «Implica un acto de homenaje a las compañeras y compañeros asesinados y desaparecidos de la comunidad universitaria, pero a diferencia de otros proyectos y antecedentes, propusimos además la reparación de quienes fueron cesanteados como actos de persecución política en la universidad» subrayó.

«También propusimos que para esa tarea intervenga una comisión participativa con representaciones de los distintos estamentos de la comunidad universitaria. Adul tuvo su representación en esta comisión. En ese sentido, el sindicato aportó información, archivos, pero también testimonios de afiliados o de familiares de trabajadores de militantes y docentes de la época para poder dar mayor solidez al trabajo» indicó el docente.

Resolución

En octubre, el Consejo Superior aprobó la Resolución 437, que contiene como anexo el listado de personas que serán contempladas en la reparación histórica. De dicho informe se desprende la nómina de estudiantes, personal docente y no docente expulsados y cesanteados, como así también docentes, no docentes, estudiantes y graduados que hayan sido desaparecidos y asesinados por el accionar del terrorismo de Estado. El acto de reparación simbólica consistirá en dejar constancia en los legajos de aquellos miembros de la comunidad universitaria la verdaderas razones de la cesantía, o la situación del asesinato o desaparición, según el caso.

«En el caso en que se cuente con el legajo original e histórico de la persona, se va a hacer un registro allí de la verdad histórica de lo acontecido con su trayectoria en la vida universitaria. De esta forma también es un pronunciamiento que va dirigido a esa compañera o compañero, en el caso de que sea sobreviviente, o a los familiares de compañeras y compañeros asesinados y desaparecidos» puntualizó Munné.

La Resolución destaca que, dado que pueden haber casos no incluidos en la nómina, la lista debe considerarse abierta, para incluir nuevas situaciones en caso de que se reúna la evidencia. «La comunidad universitaria de la UNL asume la presente como un acto de Memoria y Reparación, en los términos en los que el Estado Argentino se obliga de acuerdo a la incorporación de los tratados y convenciones de derechos humanos a nuestra Constitución Nacional» manifiesta la norma.

Militancia política

«Para nosotros esto tiene la trascendencia de destacar, en la historia reciente de la universidad, la importancia de la militancia política comprometida con la vida democrática y con una universidad popular, que no se resignó ni abandonó la tarea pese a una muy dura persecución de carácter dictatorial», reflexionó Munné. «Esta actividad de memoria se dirige también a afirmarse en una identidad de la universidad que vivimos y que queremos seguir construyendo: con un sentido de la democracia participativa, activa, transformadora y con un horizonte emancipatorio» señaló el docente.

«Concluir este trabajo en este momento no deja de ser un pronunciamiento en favor de la democracia popular y de las libertades en América Latina, con el compromiso en la defensa más firme de los derechos humanos en nuestra región, contra todo tipo de fuerzas retrógradas que quieran volver a infligir las peores persecuciones que se dieron en el pasado y que no podemos permitir que regresen» consideró finalmente.