El aumento del piso de ingresos que el futuro gobierno impulsará para trabajadores, jubilados y beneficiarios de planes podrá discutirse en el Consejo Económico y Social. Así, negociará con empresas suba general de salarios y planes.

 


La suba generalizada de ingresos que planifica Alberto Fernández para sectores postergados se intentará por consenso con el sector empresario. Será una de las primeras medidas económicas del futuro presidente. Y demandará, eventualmente, anticipar la convocatoria al Consejo Económico y Social. La medida, que ayer anticipó Ámbito Financiero, apuntará a aumentar como mínimo los salarios de los trabajadores de las categorías más bajas. Y estará acompañada de un refuerzo de las jubilaciones y del valor de los planes sociales.

El encargado primario de la ejecución del plan es Claudio Moroni, futuro ministro de Trabajo y dirigente de la máxima confianza del mandatario. Moroni fue quien este martes se reunió con la mesa chica ampliada de la CGT. Y que, con el mismo objetivo, propiciará un encuentro en los próximos días con referentes del sector empresario. En esa línea perdió fuerza la posibilidad de instrumentar la suba a través de un decreto, a imagen y semejanza de los ajustes de sumas fijas no remunerativas que aplicó en su interinato el expresidente Eduardo Duhalde y que continuó su sucesor, Néstor Kirchner.

Descontado el apoyo del sindicalismo tradicional al plan, el próximo paso de los futuros funcionarios serán las entidades gremiales empresarias. Para este segmento, donde además de Moroni operará Santiago Cafiero, eventual jefe de Gabinete, se intentará un grado de formalidad en el compromiso para evitar nuevas frustraciones como las que representaron los “pactos de caballeros” establecidos por Mauricio Macri con las centrales patronales.

Medida

El diseño original de la medida contempla un alcance amplio aunque no universal. Además de los salarios de los trabajadores formales del sector privado, jubilados y beneficiarios de planes, estarán incluidos empleados estatales y eventualmente, municipales. Este último rubro demandará, en boca de los responsables del plan, de una gestión artesanal con intendentes de todo el país. En general acostumbrados a pagar sueldos por debajo del promedio de públicos y privados.

La iniciativa tal como es presentada aparece lejos de suplir las negociaciones salariales. De hecho las subas eventualmente acordadas en el ámbito de debate general deberían servir como anticipos a cuenta y base de debate para las paritarias del año que viene. En cualquier caso la implementación de la medida contemplará como excepciones los casos de trabajadores cuyas paritarias estuviesen en plena ejecución. Y de gremios que hubiesen quedado en una situación de paridad con la evolución de la inflación.

El Consejo Económico y Social que planifica el futuro gobierno deberá tener independencia del Ministerio de Trabajo (se presume que para entonces recuperará esa denominación) y una dinámica propia con resoluciones de carácter consultivo pero cuyo peso, en caso de contar con consenso entre empresarios y gremialistas, deberá hacerlas vinculantes.