Con el objetivo de limitar la baja de Ingresos Brutos, las primeras medidas económicas que buscará adoptar la gestión de Fernández comprenden una suba de retenciones, un invremento en Bienes Personales y un freno al Consenso Federal.

Santiago Cafiero, el actual Jefe de Gabinete, anunció en el día de ayer que llamarán a sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir -entre otras cuestiones- las emergencias económica y sanitaria. La aprobación de esta ley permitiría “aumentar los impuestos sin pasar por el congreso”.

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El proyecto le otorgaría al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias para reasignar partidas y modificar alícuotas de impuestos. En su discurso de asunción y frente a la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández había hecho hincapié en que los sectores más favorecidos deberán ser solidarios para revertir la recesión económica. Es decir, ante la necesidad de mejorar el ingreso fiscal para cumplir obligaciones financieras y, sobre todo, para estimular la reactivación de la producción, la nueva Ley de Emergencia Económica permitirá subir aquellos tributos que recaen en “los que más tienen”.

El paquete de medidas que buscará implementar comprende tres ejes fundamentales, ya consensuados en el gabinete económico de Alberto; y serán de inmediata aplicación.

Retenciones

El primer eje se centra en un incremento en los derechos de exportación. Las ya conocidas y polémicas “retenciones” se aplicarían en base a un esquema escalonado industrial-exportador. Es decir que los productos con mayor industrialización soportarán menores retenciones.

Las exportaciones de soja se verían afectadas por la aplicación de una tasa del 35% o menos. El objetivo se centra en conseguir alrededor de u$s2.000 millones adicionales al año.

Ante la inminente suba de retenciones, se incrementó la cantidad de declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) de la cosecha 2019/2020 para pagar retenciones sin el incremento. Más precisamente, las DJVE subieron casi 1.000% en soja, 230% en maíz y 53% en trigo en relación al año pasado.

Bienes personales

El segundo eje hace referencia al Impuesto sobre los Bienes Personales, cuya alícuota se ubica en el 0,75%. Se busca duplicar dicho valor e, inclusive, establecer un nivel mayor para los bienes ubicados en el exterior.

César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados indicó que “la aplicación de impuestos extraordinarios sobre Bienes Personales, además de no ser relevante desde el punto de vista de la recaudación, superará la frontera de confiscatoriedad establecido por la jurisprudencia actual”.

A sí mismo, Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados, advirtió que los principales afectados por la implementación de estas medidas son la clase media y las Pymes, ya que quienes tienen un mayor patrimonio encuentran la forma de defenderse en la justicia y de evitar el pago de estos impuestos.

Fin del “Consenso Fiscal”

El tercer eje incluido en la Ley de Emergencia Económica comprendería poner un freno a la reducción de impuestos que estaba prevista en el Consenso Fiscal firmado hace dos años. El Impuesto a las Ganancias para empresas, por ejemplo, debía bajar al 25% el año próximo, pero seguramente no será implementado.

Algunos expertos advierten sobre el riesgo que implica la implementación de estas medidas: “Suspender el Consenso Fiscal es regresar al aumento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el peor tributo; y también Sellos. Ambos impuestos son de épocas medievales, que han aumentado groseramente en los últimos 20 años”, asegura de manera categórica Litvin. A su vez, señaló que dar por finalizado el Consenso Fiscal “es pulverizar todo el esfuerzo para bajar la desbordante carga de los tributos provinciales y municipales. Los fondos que recibieron las provincias por su compromiso para reducir los impuestos deberán ser devueltos”.

Con el objetivo de incrementar la presión fiscal, Alberto y todos su gabinete económico evalúan múltiples iniciativas, entre las que se encuentran:

– Impuesto ecológico al glifosato.

– Aplicación de impuestos extraordinarios por dos años: mediante una alícuota especial de Bienes Personales, a los activos reales y financieros radicados en el exterior; a las utilidades del sector financiero, aplicable sobre la rentabilidad sobre los activos (ROA) y sobre los fondos propios (ROE) de cada entidad; a la compra venta de divisas.

El nuevo proyecto se redactará – según planteó Santiago Cafiero- una vez que el Poder Ejecutivo tenga un cabal conocimiento de la situación del Estado y de las cuentas públicas, y una perspectiva de la negociación de deuda.