El gobierno promovió a oficiales jóvenes para conducir las regionales, intervino la Jefatura de San Lorenzo y prepara un diagnóstico crítico.

 


Los enérgicos mensajes que lanzó durante el fin de semana el ministro de Seguridad Marcelo Saín se ahondaron ayer con una serie de medidas. Con las mismas, se propone desterrar cualquier estado deliberativo o la más mínima disputa de mando dentro de la fuerza policial. La primera decisión fue producir una renovación notoria en la conducción de las 19 unidades regionales y en los principales cargos de conducción de la policía.

Para ello removieron de sus puestos a parte de una oficialidad que la nueva gestión considera responsable en parte del problema del delito. Esto tal como lo denunció el gobernador Omar Perotti en su discurso de asunción. De la mano de estos nombramientos el gobierno decidió retiros obligatorios para 30 oficiales superiores. A la vez que cesó en funciones a otros, algunos referentes conocidos, para no delegarles posiciones de liderazgo.

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Otra sonora afirmación política fue la decisión de Saín de intervenir la Jefatura de la Unidad Regional XVII de la ciudad de San Lorenzo. Esto por eventos que el gobierno toma como motivo de alarma e intriga. El primero es la prestación de un servicio deficiente, corroborado por una secuencia de robos a domicilios en la ciudad de Roldán, que se produjo a 24 horas de la asunción de nuevas autoridades en la provincia.

El otro es la situación crítica por la imputación de delitos graves contra los comisarios superiores Gustavo Spoletti y Cristian Di Franco. Están acusados hace dos semanas por delitos conectados con Esteban Alvarado, señalado como actor destacado de la criminalidad organizada en Rosario en los últimos siete años.

Pedido de renuncia

El jefe de la policía provincial, Víctor Sarnaglia, sugirió a Saín la intervención que el ministro adoptó ayer a la mañana. Hace tres semanas el ex ministro Maximiliano Pullaro había pedido al renuncia a Gonzalo Paz. Es quien estuvo dos años a cargo de la UR XVII, bajo el argumento de que no podía permanecer en el puesto un oficial cuyos dos hombres de confianza habían presos e imputados por vínculos con un referente criminal. Aquí se inserta además una de las mayores refriegas políticas en el oficialismo en los últimos dos meses que enfrenta a Perotti con el senador Armando Traferri, del departamento San Lorenzo, y según el gobierno soporte político de la oficialidad encabezada por Paz.

Las resoluciones que mueven todos estos cambios se dan en el contexto de las renuncias unilaterales del fin de semana de jefes de tres unidades regionales. Entre ellos el de Rosario, director Marcelo Gómez, al que el gobierno denunció penalmente por haber levantado el servicio de custodia de objetivos sensibles, como el Centro de Justicia Penal, los Tribunales y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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Allí avanzaron con una investigación que con alta probabilidad terminará en una imputación por incumplimiento de los deberes funcionales para Gómez, que ayer fue pasado a retiro. El fiscal regional Patricio Serjal se lo asignó a la fiscal Paola Aguirre que ya tiene en el legajo un elemento fuerte. Donde la jefa de la Delegación Tribunales señala no haber recibido los relevos de la guardia. Al respecto, el ministro Saín, el jefe de policía Sarnaglia y el segundo jefe Martín Musuruana dirigieron ayer una nota al fiscal general Jorge Baclini para ponerse a disposición del MPA a raíz de ese episodio, prestar declaración y aportar elementos de importancia a la pesquisa. Saín había ordenado en duros términos la noche del viernes a Gómez restituir la custodia de los edificios públicos.

Voluntad de trabajo

La avanzada concreta es el pase a retiro de jerárquicos con 30 años de servicios para instalar a jefes de una edad promedio de 45 años. Es el caso de quien asumió al frente de la Unidad Regional II de Rosario, Claudio Alberto Romano. La actual administración interpreta que no hay recursos humanos en la policía provincial con capacidad técnica de gestión pero sí considera que existen oficiales con voluntad para el trabajo, a los que exhortaron a “desempeñarse con tranquilidad”.

El gobierno provincial pretende con esta batería de resoluciones dibujar una fuerte marca en el terreno. Y exponer que no habrá espacio para el cabildeo en la fuerza. La idea que tiene la gestión entrante en Seguridad Pública es que los que manejaron la policía en los últimos diez años queden afuera. La gestión de Perotti, que desde el primer día arrancó con una crítica lapidaria a sus antecesores al acusarlos de mantener un pacto de gobernabilidad entre el Estado y el delito, se afirma en una idea crítica sobre el reciente manejo de la cartera. A la que atribuyen no haber conducido ni la política de seguridad ni a la policía. La actual gestión avanza en un diagnóstico sobre los 24 mil policías santafesinos y de la estructura administrativa cuyos resultados dará a conocer Perotti en marzo.

La policía queda estructurada en tres grandes áreas. La de seguridad u operativa conducida por Sarnaglia, el único policía retirado pero que es funcionario político; la de Investigación Criminal, que reemplaza a la PDI, donde está a cargo Maximiliano Bertolotti, ex jefe de la TOE; y la Unidad de Control, que reemplaza a Asuntos Internos, donde asumió Mariana Olivieri, ex subjefa de la TOE.