En la última sesión del año, el Senado santafesino daría aprobación a la suspensión por un año el Consenso Fiscal de 2017, luego de que, en la jornada de ayer, la Cámara de Diputados diera media sanción a la adhesión al pacto fiscal firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernandez.
Con las urgencias del caso, los Ministro Walter Agosto, Esteban Bogonovo y Felipe Michlig mantuvieron, por más de 7 horas, diversas reuniones con los legisladores santafesinos para intentar destrabar un paquete de medidas económica que afronte un difícil 2020.
A partir de las 10 de la mañana comenzará a sesionar la Cámara Alta, donde el oficialismo buscará dar sanción definitiva al cese del Consenso Fiscal acordado dos años atrás entre los gobernadores y ex presidente Mauricio Macri, quedando, así, a criterio de cada provincia, la baja de Ingresos Brutos y otros impuestos distorsivos.
Por otro lado, el senado debatirá el proyecto de Reforma Tributaria, que propone mantener la actual alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos y permite la suba de otros tributos, como el Impuesto Inmobiliario.
En efecto, el documento enviado por el gobernador Omar Perotti, junto al Ministro de Economía, Walter Agosto, mantiene la alícuota de Ingresos Brutos en el mismo nivel que este año y hace lo propio con el impuesto a los Sellos que se mantendrá en 0,75%.
Además, impulsa un régimen de regularización excepcional de las obligaciones tributarias, como así mismo propone la actualización del Impuesto Inmobiliario Rural y el Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano, y las Tasas Retributivas de Servicios y Patente Única sobre Vehículos.
Ayer se produjeron largas reuniones entre funcionarios del gobierno provincial y distintos legisladores, para dar curso legal al proyecto, ya que las nuevas alícuotas comenzarían a regir desde el 1 de enero. De aprobarse la Reforma Tributaria en la Cámara Alta, los diputados sesionarían el lunes para tratar el paquete de medidas.
Por último, restará saber si los legisladores darán tratamiento al proyecto de emergencia de distintas áreas del gobierno, el cual fue tildado, por algunos opositores, como el caballo de troya que pretende delegar en el gobernador una serie de superpoderes para compras directas, redireccionamiento de partidas y contrataciones, entre otros trámites.