Luego de la decisión de la justicia chaqueña, la diputada, sufrió un embargo por un millón de pesos por el presunto delito de "fraude en perjuicio de la administración pública". Aún así, descartó que vaya a dejar su banca haciendo alusión a la legalidad de los fueros que goza como parte del poder legislativo.
En declaraciones a La Nación, la legisladora aseguró: "Fui llamada a indagatoria por un tema descabellado". La denuncia fue realizada en 2018 y afirma que se trata de "causas armadas".
En el expediente es investigada por supuesto direccionamiento de dinero y pago de sobreprecios en contrataciones realizadas por el municipio de Quitilipi. Estos sucesos fueron durante su cargo secretaria de Asuntos Municipales de la Nación. Dicho cargo duró dos años, a partir de diciembre de 2015.