Amparándose en criterios internacionales y en parámetros locales, desde el ministerio de seguridad, ahora encabezado por Sabina Freredic, se impulsó la resolución 1231/2019. La misma apunta a derogar cuatro polémicos protocolos que había establecido la ex ministra y ahora líder del PRO, Patricia Bullrich.

La resolución en concreto, determina:
  • No permitir el uso de las pistolas de descarga eléctrica Taser.
  • Anular el Servicio Cívico Voluntario en Valores en manos de la Gendarmería
  • Dejar sin efecto el 'Programa Ofensores en Trenes', que habilitaba a solicitar DNI a cualquier persona en ámbitos del transporte público de pasajeros.
  • Dar marcha atrás con la cesión de los Hoteles 7 y 8 del Complejo Unidad Turística de Chapadmalal para armar allí un Centro de Formación de Gendarmes

Desde la cartera, manifiestan que estas medidas amplían "de manera significativa aquellas circunstancias que habilitan el uso del armamento letal por parte de los funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad, alejándose de las recomendaciones del “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley” establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas".

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Por otra parte, “excedía los criterios impuestos” por la normativa y se “alejaba del límite claro al uso de la fuerza letal por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad”.

La resolución destaca las consecuencias del uso desmedido de la violencia. No sólo para el personal de las fuerzas de seguridad, sino también para las víctimas o terceros. En este sentido, afirma que "genera un mayor peligro" para los implicados en la situación.

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En este sentido, expresa que el uso de armas de fuego sólo debe hacerse cuando está en riesgo la vida de una persona. Es decir, cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.