En la provincia de Santa Fe, los contribuyentes deben unos 5.300 millones de pesos a la Administración Provincial de Impuesto (API) Por ese motivo, desde el 1 de febrero regirá una amplia moratoria para quienes adeuden contribuciones hasta el 30 de noviembre de 2019.
Las deudas que podrían ingresar al plazo de cobro extendido se generaron por diferentes motivos y se hallan en distintas instancias.
Los convenios de pago que caducaron significan un total de 200 millones de pesos. El contribuyente que dejó de pagar tres o más cuotas, pierde los beneficios del convenio y la API estaría en condiciones de ejecutar la deuda.
Otro caso es el de las deudas firmes que están en juicios de apremio, que suman 400 millones de pesos. Estos casos se dan cuando la API le declaró una diferencia de impuestos a un contribuyente y esta no fue recurrida.
El resto de los compromisos impagos que podrían acogerse a refinaciación o condonaciones son 400 millones de pesos por convenio multilateral de Ingresos Brutos; 500 millones de pesos de contribuyentes en general; 600 millones de pesos de Agentes de retención; 1.200 millones de pesos Impuesto inmobiliario rural y urbano; y 2.000 millones de pesos por declaraciones mal hechas o por intentos de evasión.