El 14 de enero pasado se conoció la resolución por medio de la cual el Ministerio de Seguridad de Santa Fe autoriza a la policía a llevar "Cartucho en Recámara". La decisión tuvo varias repercusiones y ahora la Defensa Pública expresa su seria preocupación sobre el tema.
En un comunicado, solicita a las autoridades competentes la adopción de medidas tendientes a limitar el uso de armas de fuego letales; habilitándose su utilización solamente en los casos estrictamente necesarios.
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En su oportunidad, la Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione, cuestionó reglamentos y protocolos que flexibilizaban el uso de armas letales contra presuntos delincuentes. Asegurando que se trataba de instrumentos “inconstitucionales y generadores de mayor violencia”.
Violencia institucional
Vale tener presente que, durante el 2019, el Registro de Violencia Institucional del Servicio Público Provincial de Defensa ha tomado razón de 1244 hechos de tortura o malos tratos. Afectando a 520 víctimas. Datos que reflejan en el orden local, una situación semejante a la de otras partes de la Nación.
Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), durante 2017 murieron 146 personas en hechos de violencia con participación policial sólo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), cada 23 horas hay un caso de "gatillo fácil" en Argentina.
Por último, desde la Defensa Pública insistieron en que una "sociedad más pacífica no se logra a partir de políticas públicas “de mano dura”. Sino a partir de políticas inspiradas en Derechos Humanos".