Un total de 77 personas murieron entre 2014 y 2018 en toda la provincia de Santa Fe debido al accionar de policías provinciales y nacionales. Así se desprende del informe "Fuerzas de seguridad y usos de la violencia letal" que realizó la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General del MPA.

El equipo que llevó a cabo la investigación está integrado por Camila Castoldi y Agustina Leorza y coordinado por Augusto Montero.

"La característica común de los hechos es que las víctimas murieron como consecuencia del ejercicio intencional de la violencia por parte de un miembro de una fuerza de seguridad", explicaron. En tal sentido, precisaron que "el estudio incluye a miembros de fuerzas provinciales y nacionales. Y también contempla si estaban prestando servicio al momento del hecho o no".

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77 muertos en 5 años

"Del total de 77 personas fallecidas, en 2014 fueron 16 y el pico se registró en 2015 con un total de 26 víctimas. A partir de ese máximo, la cantidad fue disminuyendo año tras año: 16 en 2016; 14 en 2017 y cinco en 2018", señalaron Montero, Castoldi y Leorza. "De las cinco muertes registradas en 2018, cuatro fueron en el departamento Rosario. Y una en el departamento San Cristóbal", agregaron.

Los especialistas detallaron que "66 de las muertes se cometieron por miembros de la Policía de Santa Fe. De esas, 7 por integrantes del Servicio Penitenciario, 2 por la Policía Federal Argentina y 2 por Prefectura Naval Argentina". En tal sentido, reflexionaron que "estos números nos muestran que, en promedio, en más de ocho de cada 10 casos participaron funcionarios de la Policía de Santa Fe".

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Los investigadores también advirtieron que "en relación a las siete víctimas generadas por miembros del Servicio Penitenciario provincial, cinco de ellas se produjeron en el mismo hecho cometido el 29 de diciembre de 2017 en la zona suroeste de la ciudad de Santa Fe".

Circunstancias

"El informe pretende avanzar en la descripción de las circunstancias específicas en las cuales los miembros de las fuerzas de seguridad hicieron uso de la violencia", expusieron. En tal sentido, valoraron que "la investigación brinda indicadores que consideramos interesantes. Para profundizar la explicación de las dinámicas de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad. Y el impacto de las prácticas de intervenir 24 horas y de portar el arma de fuego fuera del horario de servicio", subrayaron.

También afirmaron que "al analizar las circunstancias de los hechos, se observa que el 53% de los homicidios fueron producidos en eventos en los cuales los funcionarios no intervinieron luego de un llamado o para evitar un delito flagrante que pudieran haber presenciado". E hicieron hincapié en que "estos datos confirman que los miembros de las fuerzas de seguridad actuaron por razones diferentes a su prestación profesional del servicio".

Víctimas

En relación a las víctimas, Montero, Castoldi y Leorza puntualizaron que "en los cinco años estudiados, el 87% eran varones y el 13% mujeres".

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"En cuanto a la edad de las víctimas, se observa que la violencia ejercida por miembros de fuerzas de seguridad afecta a una población, en principio, más joven que la de los homicidios en general", aclararon. En tal sentido, detallaron que "33,8% tenían entre 20 y 24 años; 19,5% entre 15 y 19 años; y 18,2% entre 25 y 29 años. En definitiva, más de la mitad de las víctimas (54,5%) eran menores de 25 años y casi tres de cada cuatro (72,7%) no habían llegado a cumplir 30 años".

Investigaciones

El documento elaborado por el MPA también refiere a las investigaciones desarrolladas por los y las fiscales. "Para investigar las 77 muertes se iniciaron 71 legajos en las distintas fiscalías en toda la provincia. En siete de cada diez de esas investigaciones existía (a septiembre de 2019) al menos un autor formalmente individualizado", remarcaron Montero, Castoldi y Leorza "Este indicador está conformado por aquellos legajos en los que se tomó al menos una audiencia imputativa, los que se concluyeron –por diversos motivos– sin audiencia imputativa y los casos que fueron remitidos a la Justicia Federal", añadieron.

"Si analizamos más en detalle, el informe también nos permite ver qué pasó con las investigaciones que llegaron a su fin. Son 31 las finalizadas de las 71 que se iniciaron. Del recorte de investigaciones cerradas, en su mayoría fueron condenas por procedimientos abreviados o bien archivos", apuntaron.

Única provincia

"La realización de este informe pone a Santa Fe como la única provincia del país que brinda este tipo de reporte con información válida y confiable sobre muertes ocasionadas por miembros de fuerzas de seguridad pública en un período relativamente largo de tiempo", destacaron Montero, Castoldi y Leorza.

Por otra parte, con respecto a la confección del presente reporte, concluyeron que "la identificación inicial de los casos surge de una búsqueda triangulada entre el MPA y los ministerios de Salud y de Seguridad, respectivamente. Una vez detectadas las causas, los datos contenidos en este reporte se obtuvieron exclusivamente de los legajos fiscales".


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