Hasta el miércoles a la tarde, el municipio contabilizó 25 familias instaladas en los terrenos usurpados en el norte de la ciudad de Santa Fe.

El intendente Emilio Jatón dijo que el municipio continuará con un “acompañamiento social” pero dejó en claro que la colaboración es limitada. “Los vamos a ayudar hasta donde podamos, no tenemos la posibilidad de construir casas”, afirmó.

Según indica el portal Uno Santa Fe, el fiscal Walter Rodríguez deslindó responsabilidades al marcar las diferencias entre las tareas de prevención de un delito –que corresponden al Poder Ejecutivo– y las de investigación del mismo una vez ya consumado, que sí le corresponden a la Justicia.

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Desde el municipio insistieron en que no poseen el “poder de policía, ni tiene capacidad de determinar si se comete un delito o no“. El gobierno local avanzó con presentaciones ante los distintos niveles de la Justicia, tanto provincial como federal, “para que ordene la cuestión jurídica de esa ocupación”.