El Defensor del Pueblo de Santa Fe, Raul Lamberto, recibió a tomadores de créditos UVA para la compra de automotores quienes le manifestaron su preocupación por la falta de inclusión en la Ley de Emergencia Económica que busca mitigar los efectos negativos del mecanismo utilizado para los prestamos.
Tras el encuentro, Lamberto dialogó con Cadena Oh! y manifestó que “hay que dividir el tema, los planes de ahorro para vehículos están regulados por personería jurídica nacional y cada vez que nosotros hemos intentado llegar a algún tipo de solución nos han dicho ´no tenemos una ley de emergencia y por lo tanto el tema se regula entre las partes, entre las concesionarias y los tomadores de planes de ahorro’, ese fue el límite que se nos presentó, nunca hubo la posibilidad de una solución colectiva”.
Mientras que en el país son 700 mil casos de créditos prendarios actualizados por UVA, Santa Fe cuenta con el 10%. Los créditos UVA, que se actualizan de acuerdo al índice de precios al consumidor, se utilizaron centralmente para la compra de vivienda: “Cuando se trató la ley de emergencia se estableció que el que podía mediar entre los bancos y los tomadores de créditos UVA era el Banco Central de la Argentina. Los bancos son bancos y el Estado debe intervenir tratando de regular sobre todo en tiempo de imprevisión como la gran inflación, esto hoy, en el marco de los créditos UVA para vivienda lo tomó el Banco Central que buscará alternativas de solución entre los bancos y los tomadores de créditos UVA”, explicó Lamberto.
El Defensor del Pueblo de Santa Fe, señaló, además, que la situación se agrava en “los tomadores de créditos prendarios y personales que al no estar regulados en la Ley de Emergencia no hay nadie que intervenga tratando de buscar alternativas entre los bancos y los afectados y esto es problemático porque la inflación ha sido alta y en segundo lugar porque son muchos, se habla de cerca de 600 mil los que están involucrados en esta problemática en todo el país".
Finalmente, Lamberto se comprometió a informar a la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y desde allí gestionar una reunión con los legisladores nacionales para insistir sobre el tratamiento de proyectos modificatorios que dé certeza a la inclusión en el marco de la Ley de Emergencia y la regulación por parte del BCRA.
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