El viernes 14 el juez federal Francisco Miño, que atiende la causa de las usurpaciones, emitió la orden de desalojo de 35 familias que permanecían en los terrenos ubicados al norte de la ciudad. Precisamente, en las calles 9 de Julio, Matheu, 4 de Enero y Azcuénaga.

A pesar de la decisión de la Justicia, hasta el momento no se concretó el desalojo debido a la falta de una orden política hacia las fuerzas de seguridad, que deben ejecutar el operativo. Las familias que ya no están se retiraron voluntariamente pero aún quedan 15 familias.

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El acampe y asentamiento ilegal comenzó el 6 de febrero en lotes de un terreno fiscal delimitado por las calles Matheu, Azcuénaga, 9 de Julio y 1° de Mayo, en el norte de la ciudad. Para convencer a los vecinos de desalojar el lugar y conocer las realidades de cada familia, el municipio realizó un relevamiento social y las censó.