Tanto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como su primer ministro, Édouard Philippe defienden la idea de sacar por decreto la controvertida reforma de pensiones. Esto rompería el tradicional parlamentarismo francés y echaría leña al fuego a la movilización popular que rechazó la medida.

“Cuando se trata de asumir mis responsabilidades, lo hago sin dudar y utilizo toda la Constitución y nada más que la Constitución, pero repito: toda la Constitución”, advirtió categóricamente Philippe el martes. Fue frente a una pregunta de un diputado de oposición sobre la reforma.

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La carta magna de Francia permite al gobierno, en su artículo 49, párrafo 3, imponer una ley sin el voto de la Cámara de Diputados. Para frenarlo, la Asamblea Nacional debe aprobar una moción de censura contra el primer ministro. Y, de esa manera, hacer caer al Ejecutivo, lo que resultaría en nuevas elecciones, informa Ámbito Financiero.

La propuesta

Macron hizo de esta medida una piedra angular de su mandato. Para esto asumió una de las peores crisis de los últimos treinta años, con huelgas y masivas movilizaciones. Ahora, goza de una mayoría cómoda que no pondría en riesgo su mandato. Pero el decreto significaría encender las calles nuevamente. 

Los principales puntos resistidos de la reforma de pensiones de Macron han sido precisamente el fin de sistemas especiales en Francia para profesiones como los policías, docentes y empleados del transporte público, y el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años, este último punto retirado del texto para menguar las protestas contra el gobierno.