A raíz de un relevamiento ordenado hace tres meses, el Ministerio de Seguridad declaró el estado de emergencia de las condiciones de detención en dependencias policiales de ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio santafesino. Mediante la resolución 0665, el ministro Marcelo Saín instruyó a los encargados de las dependencias policiales que no reciban más detenidos hasta que no se adecuen las capacidades de alojamiento en esos lugares.
La inspección ordenada en marzo y terminada este mes revela que un total de 723 personas están presas en distintas unidades regionales, lo que supera ampliamente, expresa la resolución, las 664 plazas disponibles en las reparticiones policiales. El problema es especialmente crítico en el departamento La Capital. La Unidad Regional I tiene 131 plazas y casi el doble de detenidos, que suman 250.
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La saturación de los lugares de detención es crítica por la mayor tendencia en los últimos años, confirmada en estadísticas, a ordenar prisiones preventivas de parte de la Justicia penal, lo que implica mayor disposición de personas privadas de libertad porque además los procesos penales son más rápidos. Según el ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta, el aumento de la tasa de personas presas en la provincia entre 2006 y 2015 fue del 80 por ciento, de acuerdo datos del Poder Ejecutivo.
El relevamiento ordenado por Saín arroja que la cifra de personas en penales policiales vuelve a ser muy alta y que a la luz de las estadísticas no es posible prever que el número se reduzca. “Por eso deberá el Poder Judicial, a través de sus actores, ser quien examine en cada caso sus decisiones en oportunidad de disponer en cada caso sus decisiones de oportunidad de disponer el alojamiento de personas en lugares de detención que, por su naturaleza y función, son transitorios y no se condicen con la finalidad del cumplimiento de la pena o de la privación de libertad”.
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En la resolución 0665 del Ministerio de Seguridad, Saín recuerda también que la permanencia de presos en dependencias policiales hace que deban destinarse recursos humanos y materiales al cuidado de presos, lo que no es una función propia del servicio policial. Y que la decisión de no recibir más presos en lugares policiales va en sintonía con garantizar los derechos de los detenidos.
Las crisis con presos en comisarías es un tema que viene desde hace tiempo en la provincia. Una resolución de la Cámara Penal de Rosario de noviembre de 2007 descomprimir las comisarías que en el año 2004, cuando se presentó el recurso de hábeas corpus, indicaba según un informe de la Sección Planificación y Arquitectura de la Unidad Regional II que solo en el departamento Rosario había 1.200 reclusos en dependencias policiales. Desde 2007 se construyeron seis cárceles en la provincia pero la cantidad de detenidos en diez años casi se duplicó.
