El senador provincial por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, (PJ) habló sobre la investigación a tres fiscales de la provincia. Se los acusa por presuntas incompatibilidades éticas en el desempeño de sus funciones.
En este sentido, se creó una comisión, integrada por por cuatro senadores y ocho diputados, representado los bloques mayoritarios de ambas cámaras. Esta comisión tiene la facultad, por ley de controlar las gestiones de los fiscales y de los defensores públicos.
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"A partir de esta ley que nos faculta para la investigación de las conductas irregulares de los fiscales, tomamos las denuncias que provienen de la auditoría del Ministerio Público de la Acusación. Esta ley fue muy discutida, muchos manifiestan que es inconstitucional. Nosotros estamos convencidos que todos los poderes del Estado tienen que tener controles. Y esto pertenece al poder Judicial", señaló Gramajo en Sin Mordaza TV.
Los tres fiscales que se están investigando son Mauro Blanco de Venado Tuerto, y los fiscales de Rosario, Adrián Spelta y Patricio Serjal.
Al fiscal Blanco se lo acusa de una connivencia en escuchas telefónicas. Esta investigación comienza a través del Juzgado Federal de San Nicolás. A través de unas escuchas entre un preso y una ciudadana de Venado Tuerto, comienza el hilo de la cuestión. De esto surge una relación directa del fiscal con un narcotraficante que hoy está procesado. "Desde la comisión por unanimidad es la vocación a la investigación de estos temas. porque puede haber ocurrido que ante las denuncias efectuadas por la Dra. María Cecilia Vranicichse podrían haber desestimado y remitido nuevamente al MPA y aplicar solamente faltas leves. Cuando las faltas son graves, con suspensión o destituciónl, son remitidas a la Legislatura".
"Hoy se buscan las evidencias, se notificó a los tres fiscales requeridos. Se da como corresponde la posibilidad de plantear su defensa, y que aporten toda la prueba que consideran pertinentes", dijo Gramajo.
A partir de esto, "la comisión evaluando, luego tomará la decisión de realizar el dictamen y puede pasar que se archive la causa, que se considere falta grave y se pida la suspensión. O que pueda haber una falta gravísima y se pida la destitución de los fiscales. Eso de eleva a ambas Cámaras y se requerirá el voto de la mayoría absoluta de cada una de ellas", indicó el senador.
Rosario
Al fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, se lo acusa a raíz de un hecho de presunta incompatibilidad ética en el desempeño de sus funciones. Serjal habría ayudado al dueño de una concesionaria a "vaciar" otra empresa, beneficiando a la compañía que vende autos, y que le habrían pagado con dos vehículos. A menos de un mes después del cierre del caso adquirió dos autos 0 kilómetros por valor de unos dos millones de pesos, que inscribió a nombre de él y de su esposa. El diputado Del Frade es el acusador en este tema.
"Nosotros convocamos a Del Frade para que nos de los pasos que está dando en la investigación y en la denuncia. Nuestro proceso es administrativo. Debemos trabajar sobre el tenor de la denuncia formulada. Y no es tan así como se dice, de todos modos a esto lo va a resolver la comisión cuando termine la investigación del diputado Del Frade y hagan la defensa correspondiente", indicó Gramajo.
El caso Sandoval
A Spelta se lo investiga por haber acordado con la defensa, con beneplácito del juez Gustavo Pérez de Urrechu, en una audiencia "donde desapareció luego una cinta de grabación". Allí pidieron prisión domiciliaria para un narco peligroso, donde termina acribillado él y otros miembros de su familia.
El planteo contra Spelta se basa en el trámite por intento de triple homicidio que implicó a “Ema Pimpi” Sandoval en junio de 2017. Sandoval, quien cumplió condena como autor ideológico de la balacera de la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti en octubre de 2013, fue apresado un mes después que su hermano, también acusado por la tentativa de triple crimen. A ambos les dictaron prisión preventiva que cumplieron en la cárcel de Piñero.
Poco después Spelta acordó una morigeración de prisión con el defensor de los hermanos, Fausto Yrure, con tobillera electrónica y en dos viviendas, tramite convalidado por el juez Hernán Postma. En abril de 2019, tras un nuevo acuerdo entre Spelta e Yrure, “Ema Pimpi” se mudó a una casa de Pago Largo 654, en La Florida y propiedad del camarista civil Oscar Puccinelli, donde lo ejecutaron el 25 de octubre último.
La auditora señaló que por el tipo de delito atribuido el fiscal Spelta nunca debió consentir que Sandoval estuviera fuera de la cárcel y objetó que haya aceptado que “Ema Pimpi” terminara en el domicilio donde lo mataron.
"La comisión bicameral no va a titubear en manejarse dentro del marco legal. No queremos hacer una cacería de brujas. Todos los poderes del Estado tenemos que ser controlados", finalizó el senador.
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