En el 2018, la localidad de Diego de Alvear al sur de la provincia, experimentó un grave hecho. El 6 de junio hubo un robo en la sucursal del Correo Argentino, en el que se llevaron tres millones y medio de pesos. 

El dinero era de ANSES y estaba destinado al pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones universales de ese mes.

La banda logró ser desbaratada ya ese año. Ahora, el fiscal Javier M. Arzubi Calvo, titular de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida a siete personas por el hecho ocurrido en el pueblo.

Investigación

Por tratarse de dinero enviado por el organismo nacional, la investigación estuvo dirigida desde su inicio por la Fiscalía Federal, que ordenó a la fuerza actuante diversas tareas operativas.

A raíz de esas diligencias, en septiembre de 2018 se solicitaron al Juzgado Federal una serie de medidas, entre las que se encontraban los allanamientos de los domicilios de las personas investigadas en distintas ciudades –como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Junín y la propia Diego de Alvear.

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En aquella ocasión se incautaron 109.800 pesos; 230.444 dólares estadounidenses; una caja de zapatillas con siete fajos de papel de tamaño similar a los billetes norteamericanos que oscilarían los 25.000 dólares; 16 teléfonos celulares; tres vehículos; dos paños de bijouterie con 50 piezas; relojes; notebooks; CPU; tablets; pendrives; tarjetas de memoria y documentación de interés para la causa.

Acusados

En ese marco, Arzubi Calvo solicitó la elevación a juicio de los imputados: tres de ellos por el delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, y por haberse cometido en poblado y en banda -artículos 164, 166 inciso 2° y 167 inciso 2° del Código Penal de la Nación-, dos más como como partícipes necesarios del mismo (art. 45 del CP) y una tercera imputada como partícipe secundaria de éste (art. 46 del CP).

Por otro lado, en relación con la séptima acusada por los hechos, indicó que deberá responder en orden al delito de encubrimiento previsto en el artículo 277 apartado 1°, inciso e) del Código Penal.