Días atrás, se activó el protocolo por COVID-19 ante un caso sospechoso en un geriátrico de la ciudad de Santa Fe. El hecho, que luego fue descartado por las autoridades sanitarias, implicó que la paciente fuese derivada de la residencia para adulto mayores al Sanatorio Diagnóstico.
El video que daba cuenta del traslado y de la activación de las medidas sanitarias, lo publicó el periodista Marcelo Garrido para informar el proceder de las autoridades de salud que, de manera preventiva, llevaron a la mujer a su control y análisis.
Por comunicar la activación del protocolo, que fue confirmada por los enfermeros y médicos del geriátrico, un estudio de abogados intimó mediante carta documento a Garrido, haciéndolo responsable de un perjuicio económico por la información dada.
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La carta documento, en claro intento de coartar la libertad de prensa, no es otra cosa que una maniobra por parte de los letrados para obtener un rédito en tiempos de pandemia.
La noticia sobre lo sucedido en el Geriátrico Santo Domingo fue verdadera. La confirmación del caso como negativo no excluye lo sucedido y la denuncia de los abogados se revela como una amenaza.
El compromiso informativo asumido por este multimedio, sin embargo, se mantendrá firme a pesar de cualquier tipo de intimidaciones.