Por Salvador Di Stefano*
La empresa Vicentín dejó de pagar sus deudas el 4 de diciembre de 2019. Durante los 4 meses anteriores la transición política llevó a que los productores liquidaran sus tenencias en la empresa, porque el nuevo gobierno podría elevar las retenciones. El negocio exportador se caracteriza por una gran cantidad de mercadería que llega a la fábrica en tiempos de cosecha, y sale lentamente en el trascurso del tiempo. En esa fecha se vivió una corrida granaría y toda la mercadería se reclamó en menos de 30 días. Desde el año 2018 las tasas de interés crecieron exponencialmente, y debido a las elecciones presidenciales, sumado a la crisis económica, los bancos cortaron todo tipo de financiamiento en la plaza, inclusive los bancos oficiales. La empresa, como otras similares en el mercado, venía sufriendo una suba de impuestos que la ahogaba financieramente y comprometía su capital de trabajo. El final era cantado.
Esto era lo que sucedía en diciembre de 2019, ni el presidente saliente ni el electo se ocupaban de este problema. El paso del tiempo profundizó la crisis, productores que sufrían un impago de U$S 350 millones salieron a vender campos, vacas y lo que les quedaba para sobrevivir en esta coyuntura. La cadena de comercialización se resquebrajaba, muchos acopios, cooperativas y casas de corretaje entraban en impagos por el efecto dominó de estas medidas.
El Banco Nación le prestó a la empresa cerca de $ 18.000 millones, no lo hizo todo en la gestión de Mauricio Macri, sería bueno repasar cuánto le prestaron en anteriores gestiones, hubiera sido necesario asistir a la empresa con más dinero o bien ayudarlo a encontrar una salida sin caer en la cesación de pagos que complicó el funcionamiento de toda la cadena comercial.
Lejos estuvo el Estado de salir a buscar ayuda a este sector de la economía, la empresa Vicentín dejó de funcionar, aunque pagó religiosamente los salarios de los trabajadores. Nadie se acordó que la empresa tendría que volver a funcionar, los dueños salieron a buscar un acuerdo preventivo extrajudicial, pero las mayorías no eran fáciles de conseguir, con lo cual todo cayó en un concurso de acreedores, en donde nadie tiene fecha cierta de cobrar nada, porque la empresa durante todo este período no pudo funcionar.
Pasados 7 meses desde la salida de mercado, aparece el Estado con una solución mágica, expropiar la empresa. Los argumentos son falaces, ya que confunden la empresa bajo concurso preventivo, y el grupo económico en que está inserta. La empresa se dedica a comprar granos, procesarlos y exportarlos, nada más alejado de la mesa de los argentinos. Cuando hablan de soberanía agroalimentaria, se nota que no leyeron la misión de la empresa, no saben lo que producía, y desconocen que el argentino medio no come soja, y tampoco la utilizamos para la producción de proteína cárnica como hacen otros países.
Expropiar la empresa es aceptar que el Estado se hará cargo de una deuda de U$S 1.300 millones, más las cotas de los abogados intervinientes, un gran negocio para los profesionales del derecho.
No parecería una prioridad ingresar en semejante problema, máxime cuando hay otros grupos empresarios que desearían ingresar en este negocio, y los problemas económicos quedarían entre privados.
Por otro lado, hay miles de productores que esperan una solución, ya que su futuro depende de cobrar lo que honrosamente produjeron, entregaron y fueron estafados al no poder cobrar sus legítimas acreencias.
El Estado tardó 7 meses en darse cuenta que era una prioridad ocuparse del tema, a esta altura los productores ya se fundieron o bien están sorteando el problema como pueden, hoy su mirada está puesta en poder volver a sembrar para licuar pérdidas, y del gobierno reciben el trato de especuladores que no venden su mercadería, cuando en verdad están sobreviviendo ante la crisis sistémica del sector, que no fueron ellos los que la generaron.
El productor vive en un escenario de imposición fiscal en permanentes cambios. Sus balances no pueden ajustarse por inflación, con lo cual pagan toneladas de impuesto a las ganancias, y como son muy eficientes para producir el Estado les coloca un impuesto a las retenciones de fácil recaudación que opera como una piedra en el cuello de los productores, quitándole buena parte de la rentabilidad del negocio.
El 75% del campo se trabaja bajo la modalidad de arriendo, el 25% restante lo trabajan dueños, que para poder sobrevivir alquilan campos. La atomización es muy alta, quien vive de la renta no es generalmente un dueño de 5.000 hectáreas, son familias que han heredado 200 0 300 hectáreas y las dan en arriendo porque ya no es negocio producir una escala tan pequeña.
» Quien hoy tiene una acreencia con Vicentín ve la llegada del Estado a la empresa como una salvación, en 7 meses no encontró respuestas, y la salida más probable era comenzar a cobrar a partir del año 2022. Los probables compradores de la empresa no contaban con los mejores antecedentes, y no eran pagadores seriales. La expropiación en muchos sectores es vista con una buena salida a poder cobrar en algún momento.
» Los ciudadanos ven en la expropiación una pérdida no menor a U$S 1.500 millones, esto implica más impuestos, emisión monetaria e inflación. ¿Por qué tengo que pagar yo el problema de otro? Por otro lado, una señal como la intromisión del Estado en la economía pone en alerta a los acreedores del país, ¿hablan de que no tienen dinero, pero se cargan una empresa exportadora como quien va al kiosco a comprar un alfajor? La reestructuración de la deuda pública venía difícil, y ahora se pone más difícil.
» La empresa del Estado que se haría cargo de la operación es YPF Agro SA, una gran empresa a la que el propio Estado le carga una piedra lunar como Vicentín que empañará los buenos indicadores financieros con que cuenta en esta coyuntura.
» El propio Estado no se ocupó de este problema hace 7 meses atrás, y hoy sale a querer solucionar todo con una medida de dudosa legalidad, cuando en realidad el Estado debería arbitrar los medios para que la opinión pública sepa por qué la empresa cayó en este problema, qué responsabilidad tienen los dueños en el presente financiero de la compañía, y cómo poder ayudar a sobrellevar el problema a aquellos que están involucrados en este conflicto sin responsabilidad alguna.
En síntesis:
1) Expropiar Vicentín no le permitirá al gobierno garantizar la soberanía alimentaria, ya que es una empresa que exporta mayoritariamente soja, harína de soja y aceite de soja que no consumimos. Tamaña afirmación hace pensar que el gobierno tiene interés en otras empresas más ligadas a la alimentación, sin embargo, el propio presidente salió a desmentir esto.
2) Expropiar Vicentín tampoco le permitirá controlar o ejercer influencia relativa en el negocio de los granos. Argentina es tomador de precios internacionales, estamos lejos del mundo, los costos en logística son elevadísimos, y resulta imposible ofrecer en el mercado interno muy distinto de lo que realizan las empresas que dominan más del 90% del mercado. Por otro lado, para tener volumen los productores le tendrían que vender a la Vicentín estatal, y con los antecedentes por todos conocidos no parece un comprador amigable para el hombre de campo.
3) Tampoco creemos que adquirir Vicentín le posibilite al gobierno una aceleración en la liquidación de las exportaciones, aquí hay millones de productores que venden cuando quieren, y con estos precios tan bajos, venden a un ritmo mayor que en años anteriores. Nadie dice que el precio de la soja es uno de los más bajos de los últimos años, y por eso no tenemos las exportaciones deseadas por el poder ejecutivo.
4) El gobierno seguramente no volverá sobre sus pasos, pero tal vez esto le sirva para abortar una catarata de estatizaciones pensadas en institutos con más ideología que pavimento, tierra y barro (tenemos déficit de infraestructura en los caminos rurales) para transitar la economía agraria argentina.
5) Los que están en contra de la estatización tienen sus razones, nadie ve con buenos ojos pagar más impuestos o tener más inflación por utilizar a destajo la emisión monetaria. Los que están a favor se dividen entre los ideologizados de siempre y los que aspiran a cobrar sus acreencias porque en muchos casos están en una situación terminal.
6) Si el gobierno quiere que el país funcione mejor, debería actuar en tiempo y forma ante los problemas, no intervenir y acercar soluciones dentro del sector privado. Investigar si hubo acciones ilícitas o no. Detectar los problemas y tender a una solución rápida. Si Argentina tendría políticas claras, estos problemas no habrían sucedido. Si quieren un país mejor, la clase política debería fijar como política tener superávit fiscal, bajar impuestos, no emitir dinero y fortalecer la banca para que todos los emprendedores tengan acceso al financiamiento. Con estos 4 puntos, la Argentina cambia, expropiando y subvirtiendo el orden natural de los negocios lo único que logramos es aislarnos del mundo y colocarnos más cerca del abismo.
*Director de Agroeducación
