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El MPA advirtió una “contradicción” entre el pedido del legislador y su negativa a someterse al proceso.

Los fiscales lo acusaron de formar una asociación ilícita vinculada al juego clandestino. El miércoles se retomará el trámite y se conocerán medidas cautelares dispuestas.

Es parte de la evidencia que se alegará para reimputar esta tarde al ex fiscal regional como organizador de una asociación ilícita dedicada al juego clandestino en la provincia de Santa Fe.

Luego de las denuncias por parte del legislador santafesino durante una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de la provincia le hizo llegar una misiva donde lo intima a presentar "las pruebas correspondientes a las acusaciones".

Este viernes luego de las declaraciones de uno de los fiscales investigados por hechos de corrupción, la institucionalidad de la provincia de Santa Fe quedó en la mira. El fiscal Gustavo Ponce Asahad admitió que cobró coimas de un empresario vinculado al juego clandestino. Asimismo, involucró “a otras personas del Estado”.

Los imputados son un hombre de 46 años cuyas iniciales son HMJ y una mujer de 29 de iniciales CAH. El viernes se debatirán las medidas cautelares y las funcionarias del MPA adelantaron que solicitarán la prisión preventiva de las dos personas.

Fue a la conclusión que llegó la comisión de seguimiento por la investigación de juegos de azar ilegales de la Cámara de Diputados. "Muchos de los casinos clandestinos que se allanaron tenían habilitación municipal", indicaron.

Solo el nombramiento de dos jueces causó cruces entre los bloques del oficialismo y la oposición. Sin embargo, finalmente primó la opinión de la mayoría oficialista.

El protocolo, que fue presentado por el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Baclini, es un documento "con pautas ágiles y sencillas para que los órganos fiscales sigan en los casos de muertes violentas de mujeres".

El senador ponderó el dictamen por unanimidad que rechazó la posibilidad de que legisladores puedan controlar las irregularidades de los fiscales y de los defensores del sistema penal.