Fabián Lorenzini, juez de Reconquista que lleva adelante el concurso de Vicentin, ordenó con carácter de “muy urgente” al Banco Central (BCRA) y a otras entidades bancarias, que rehabiliten las cuentas de la agroexportadora que habían sido inhabilitadas por pedido del juez penal N°2 de Rosario Hernán Postma. La cerealera había advertido que el congelamiento de las cuentas le impedía el pago de salarios, mientras que desde la Justicia provincial, donde se tramitan causas por presuntas estafas de la firma, habían señalado que el planteo solo afectaba “a personas físicas” afectadas en la investigación.
El juez Posta había solicitado al BCRA el congelamiento por 180 días de las cuentas bancarias de directores y síndicos, tanto titulares como suplementes, medida a la cual el Banco Central accedió el 16 de diciembre. Desde la cerealera señalaron que esa decisión afectaba las cuentas de Vicentic SAIC en el Banco Nación, Banco CMF Corporativo, Nuevo Banco de Santa Fe y Banco Mariva.
Según Vicentin, el congelamiento afectó cuatro cuentas bancarias mediante las cuales gestionaba los ingresos y egresos de fondos y que ello comprometía las operaciones, en particular el pago de los salarios de los empleados de Vicentin SAIC.
Como primer paso, Vicentin hizo públicas sus quejas. A través de un comunicado, señaló que el juez Postma, a pedido del fiscal Miguel Moreno, “ha ordenado una medida más dentro del raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política y de una evidente animosidad contra la empresa, sus accionistas, directivos y trabajadores”. Y evaluó que “la consecuencia inmediata de esta medida, arbitraria, absolutamente injusta e inconducente es la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la empresa” y de otras firmas del Grupo.
Un vocero del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario explicó que “se solicitó el congelamiento de cuentas bancarias que corresponden exclusivamente a personas físicas, excluyendo a las que pertenezcan a personas jurídicas, sujetas a revisión del Banco Central de la República Argentina”. Agregó que “estás cuestas de personas físicas son las que están vinculadas a personas investigadas, ya sea como titulares, cotitulares y/o apoderados”. Finalmente, aclaró que “no alcanza la medida a cuentas que pongan en riesgo el pago de sueldos”, como denunció Vicentin.
Pero la cerealera no se quedó en la queja mediática sino que accionó con su abogado Guido Javier Ferullo ante el juez Lorenzini, el más permeable a los pedidos de la empresa. En el texto presentado por Ferullo se dejaba constancia de que Vicentin no había podido ingresar una transferencia realizada por Díaz & Forti en el marco del contrato de fasón por operaciones realizadas en San Lorenzo y Ricardone.
Finalmente, Lorenzini accedió al pedido de Vicentin y le solicitó al BCRA de manera “urgente” que se destrabe la situación de esas cuentas referidas a la empresa aunque se mantendría el congelamiento sobre aquellas pertenecientes a los accionistas.
