El abogado de la familia de Carlos "Bocacha" Orellano, el joven que apareció muerto en el río Paraná el 26 de febrero pasado luego de haber concurrido al boliche Ming River House, confirmó que los resultados de un análisis complementario de la autopsia, realizado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, arrojaron que el joven de 23 años fue golpeado y ahorcado antes de morir.
Con el nuevo informe, la querella espera que el fiscal Saldutti abra nuevas líneas de investigación e impute a los policías que trabajaron en el boliche esa noche, así como a los patovicas que participaron de la agresión.
Se sospecha que el joven fue expulsado del lugar, pero a quien luego volvieron a ingresar a un sector apartado para propinarle una golpiza y finalmente arrojarlo al río.
Según el informe, Bocacha presentaba lesiones en la zona posterior de las piernas, en ambos lados del hemitórax y en el cuello, donde pudo haberse producido una asfixia por ahorcamiento antebraquial.
Hace aproximadamente un mes, la Justicia reconstruyó los últimos momentos en que fue visto Carlos “Bocacha” Orellano en el boliche Ming en zona de la Estación Fluvial. En un operativo bajo control de prefectura y con la participación de quince testigos, miembros de la Fiscalía, de la querella y los representantes legales del propietario del establecimiento, se realizaron tareas de reconocimiento para dilucidar si Orellano cayó con o sin vida al río y qué ocurrió dentro del establecimiento.
"Estoy totalmente convencido que el dueño del boliche tiene vinculación directa con la muerte de mi hijo. Fue gente de él la que mató a mi hijo e intentaron hacer pasar que fue un accidente que ocurrió afuera del boliche, como la mafia 'que parezca un accidente'", remarcó en aquella oportunidad Edgardo Orellano, papá de Bocacha.
El 11 de diciembre pasado se realizó la audiencia imputativa a los policías vinculados a la causa. Allí el fiscal Patricio Saldutti explicó por qué Karina G. y Gabriel N. habrían incumplido sus deberes de funcionarios públicos así como también habrían incurrido en el delito de falsedad ideológica. También los imputó por haber insertado declaraciones falsas en el acta de procedimiento redactada por ambos, en la que dijeron que en un momento habían visto a una persona recostada sobre el suelo y que al instante desapareció como si se hubiese caído al agua.
En tanto se imputó a Pablo B. y Brenda L. por haber incumplido con sus deberes mientras trabajaban en la Comisaría 2ª, con jurisdicción en la zona del hecho, por haber pedido el secuestro de las cámaras del lugar y sus alrededores con una fecha incorrecta: una semana antes de la fecha del hecho. También incurrieron en un delito el día siguiente, cuando en vez de secuestrar las cámaras del boliche, como lo había ordenado la fiscal, se la pidieron a un hombre a cargo del lugar.
