El martes 11 de febrero, algunos minutos antes de las 18, fue asaltado y baleado el empresario santafesino Hugo Oldani de 67 años, en el hall de su local comercial ubicado en la Galería Rivadavia, en calle La Rioja, entre Rivadavia y 25 Mayo. El hombre fue llevado de urgencia en el hospital Cullen donde falleció después de las 21, mientras era intervenido en el quirófano central para salvarle la vida.
A un mes del asesinato, la causa presenta pocos avances y aún menos explicaciones. El armado del rompecabezas constituido por testimonios y el resultado de los peritajes plantean más incertidumbres que certezas.
Luego de una intensa búsqueda, la policía logró apresar a dos personas vinculadas con el homicidio, pero aún permanecen prófugas otras dos, una de ellas sindicada como el autor del crimen.
La muerte del dueño de la agencia de turismo, sin embargo, estuvo marcada desde un inicio por matices irregulares. Tras conocerse el hecho, a las pocas horas fue convocada una movilización en repudio de lo sucedido, de la cual extrañamente no participó la familia de la víctima.
Por aquel entonces, Sin Mordaza fue el único medio en denunciar que bajo la fachada comercial del negocio de Oldani, se escondía el funcionamiento de una mesa de dinero, cuya función radicaba en otorgar soluciones en asuntos de solvencia financiera. En efecto, la agencia turística habría sido frecuentada asiduamente por empresarios y ex policías de alto rango de la provincia de Santa Fe.
Por otro lado, las anomalías que rodearon a la muerte de Oldani se trasladaron, incluso, a la propia investigación. El cuerpo policial, acompañado de la fiscal Cristina Ferraro, encontró en el interior del comercio una gran cantidad de billetes en moneda nacional y extranjera, junto a la existencia de una caja fuerte. Por pedido de la hija de la víctima, la fiscal impidió su apertura. La aceptación de la demanda por parte de la mujer, de quien luego se conoció su vinculación con el Poder Judicial, habría permitido la “limpieza” del lugar.
Días más tarde, cuando finalmente se concretó la apertura de la caja de seguridad, se constató que estaba vacía. El asombro que generó en los oficiales de justicia derivó en la el pedido a la fiscal del registro fílmico del interior del local.
Ferraro, sin embargo, se negó revelar el contenido de las grabaciones, como así también, rehusó a incorporar en la investigación algún elemento relacionado con el “lavado de dinero”, a pesar de los indicios. De hecho, a instancias de la propia funcionaria judicial, el mismo día de la muerte de Oldani, durante la realización del allanamiento en el local, la fiscal pidió que sea grabado todo el procedimiento, que implicó, entre otras cosas, el conteo de un gran monto de dinero tanto en pesos como en dólares.
Hasta la fecha, los investigadores no hicieron referencia a la legalidad de la sumas encontradas como tampoco esclarecieron por qué se dilataron las inspecciones oculares en el comercio para dar secuestro a elementos probatorios.
A un mes del asesinato de Hugo Oldani, la fiscal debería dar explicaciones, aunque lo más grave es que nadie se las exige.